Los alcaldes del PSOE de la provincia de Ciudad Real se plantean llevar a la Junta ante el Tribunal de Cuentas para reclamar la deuda que el Gobierno regional tiene contraída con sus ayuntamientos. En rueda de prensa, los alcaldes han anunciado que adoptarán esta medida si no reciben contestación de la Junta aunque han advertido de que agotarán «una última vía» para tratar de cobrar los programas de formación y empleo que el Gobierno regional tiene comprometidos con estos consistorios.
El alcalde de La Solana, Luis Díaz-Cacho, ha comentado que se trata de un último recurso ante la «situación de extrema gravedad y urgencia» que padecen.
Se trata de programas de formación y empleo ya ejecutados que están presupuestados con fondos finalistas que llegan al Estado procedentes de la Unión Europea para ser repartidos a las comunidades autónomas y que deben dedicarse exclusivamente a programas de formación y empleo.
Según Díaz-Cacho, esos fondos -que ascienden a 143,5 millones de euros- fueron transferidos desde el Gobierno central al Ejecutivo regional en noviembre de 2011, por lo que ha avanzado que en los próximos días los alcaldes socialistas de la provincia de Ciudad Real remitirán una carta a la interventora general de la Junta «para que explique qué está pasando con esos fondos».
Ha recordado, en este sentido, que han transcurrido ocho meses desde que «el dinero lo tiene el Gobierno regional» y ha subrayado que estos fondos no pueden gastarse «en algo que no sea para formación y empleo» porque eso supondría prevaricación.
El alcalde de La Solana también ha señalado que el problema no está solo en que la Junta no ha pagado los programas de formación y empleo sino que «se da el caso kafkiano» de que pide a los consistorios que justifiquen los gastos de esos programas para pagarlos.
Algunos ayuntamientos han tenido que acudir a préstamos porque no llega el dinero de la Junta, otros tienen el proyecto concedido y han desarrollado una fase pero no pueden seguir adelante, y también los hay que tienen proyectos concedidos pero ante estos incumplimientos del Gobierno de Castilla-La Mancha no saben si iniciarlos temiendo llegar a la misma situación.