Amnistía Internacional (AI) en Castilla-La Mancha, que se ha constituido como entidad autonómica el pasado mes de febrero, pide que las Cortes regionales aprueben una moción instando a la aprobación de un Tratado sobre el Comercio de Armas que sea «eficaz».
Así lo ha destacado a los periodistas la coordinadora de Amnistía Internacional en la comunidad autónoma, Rafaela Alonso, poco antes de entregar en el registro de Presidencia de Castilla-La Mancha una carta para la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, con las principales preocupaciones de la organización en la región junto con el Informe Anual 2012 de AI.
Amnistía Internacional presenta su Informe Anual 2012 con el estado de los derechos humanos en el mundo y ha hecho coincidir la fecha con la entrega del Informe en Presidencia de Castilla-La Mancha.
AI tiene especial interés en que se apruebe un Tratado sobre Comercio de Armas «que esperamos tenga lugar en julio en Naciones Unidas», ha dicho Alonso.
Esta organización está recabando apoyos a este Tratado por parte de ayuntamientos y parlamentos autonómicos y, en esta línea, se ha puesto en contacto con los dos Grupos Parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha para pedir su aprobación.
Ya se han reunido con el Grupo Socialista y están a la espera de mantener un encuentro con el Grupo Popular para presentar la moción en las Cortes y que se apruebe antes de julio.
AI pretende que se firme un Tratado de Comercio de Armas «que sea eficaz, transparente y que realmente sirva», ha dicho Alonso recordando que España está entre los seis países del mundo que más armas exportan.
En cuanto a las principales preocupaciones en Castilla-La Mancha, Aministía Internacional destaca la asistencia sanitaria a los inmigrantes teniendo en cuenta que «los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que está el derecho a la salud, son también derechos humanos», según Rafaela Alonso.
Ha añadido que «los recortes que se hagan deben estar perfectamente fundamentados» ya que «no puede hacerse un recorte a los derechos a la salud sin un estudio previo de las consecuencias que tendrá, especialmente para las personas con menos medios de vida y más dificultades».
Aministía Internacional subraya que la asistencia sanitaria para los inmigrantes «está relacionado con un derecho político y civil, que es el derecho a la no discriminación».
Rafaela Alonso ha dicho que hace unos meses enviaron una carta al consejero de Salud, José Ignacio Echániz, mostrando su preocupación por «los recortes en salud, que son derechos humanos».
Por otra parte, AI insta a la presidenta autonómica a seguir trabajando en el proyecto que el anterior Gobierno socialista inició con esta organización y con Unicef y Save the Children sobre educar en derechos humanos en todos los ámbitos académicos.