El sindicato de la enseñanza ANPE ha manifestado en nota de prensa su disconformidad con la substracción de 350 plazas de profesores de Secundaria, decididas por el Gobierno regional, porque consideran que con la aplicación de las ratios y la reducción del número de profesionales, los institutos se masificarán. Además, critican que «se ha quebrado el principio de negociación con los representantes del profesorado ya que se ha impuesto de forma unilateral por la Consejería sin escuchar a los mismos».
Según ANPE, serán 41 plazas de biología, 23 de dibujo, 18 de educación física, ocho de filosofía, 23 de física y química, dos de francés, 44 de geografía e historia, 67 de inglés, 54 de lengua castellana y literatura, 56 de matemáticas, 11 de música y tres de tecnología las que se van a ocultar del próximo concurso de traslados. Esta “escabechina” de plazas para ANPE, «es justificada por la Consejería de Educación en virtud de la aplicación del R.D.L. de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, por el que se ampliarán las ratios de los centros públicos».
ANPE considera que «estas improvisadas medidas alteran sustancialmente las condiciones de calidad del sistema y sitúan a la educación pública en franca desventaja». Por ello, reclaman que el Gobierno central y/o autonómico definan el modelo educativo que pretenden implantar, a ser posible consensuadamente, y que sobre esas bases se proyecten las actuaciones que signifiquen modificar las mermadas condiciones vigentes para dotar de sentido el devenir de sus políticas educativas.
Para ANPE, atender en condiciones de calidad y equidad al alumnado de Castilla-La Mancha es incompatible con el aumento de las ratios y la reducción del número de profesionales de la Educación «pues dada la heterogeneidad de las aulas se dificulta aún más el trabajo de los docentes, lo que hará inviable prestar un servicio de calidad y la propia atención a la diversidad», sostienen.
Por otro lado, concluyen, «con esta Orden, una vez más, se ha quebrado el principio de negociación con los legítimos representantes del profesorado, ya que se ha impuesto de manera unilateral por la Consejería sin escuchar a los mismos».