«Este martes, 9 de febrero, comienza en los Juzgados de Getafe un juicio que avergüenza y pone en cuestión a nuestra democracia: el juicio contra los 8 sindicalistas de Airbus para los que el fiscal solicita 66 años de cárcel, 8 años y tres meses para cada uno, por su participación en la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
Nuestra Constitución, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y múltiples Tratados y Pactos internacionales reconocen el derecho a la huelga como un Derecho Fundamental.
Un derecho que desde los albores de la Revolución Industrial construyeron, con sangre y lágrimas, los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales, hasta arraigarlo como parte esencial de todas las constituciones democráticas.
España también es, desde hace ya casi 40 años, una democracia. Pero desde que el PP logró la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2011, se han abierto más de 80 procesos y más de 300 sindicalistas han sido encausados por participar en huelgas y movilizaciones laborales.
El Ministerio Fiscal, siguiendo órdenes del Gobierno, ha desempolvado un artículo del Código Penal, el 315.3, que sitúa el derecho de huelga en el siglo XIX, cuando su ejercicio era penado y perseguido; y que no se utilizaba en nuestro país desde los estertores del franquismo.
Curiosamente, nunca se aplican los dos primeros párrafos del mencionado artículo 315, que castigan a «los que limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga«; y eso que en la Jurisdicción Social sí abundan las sentencias que declaran la conducta antisindical de quienes impiden u obstaculizan el ejercicio del derecho de huelga (sin ir más lejos, nuestra ex presidenta Cospedal acumuló unas cuantas).
Por el contrario, los Tribunales de lo Social muy raramente condenan la actuación de los piquetes; pero la Fiscalía quiere meterlos en la cárcel enarbolando el Código Penal.
A la Fiscalía no le preocupan los patronos que coartan, intimidan o amenazan; ni las patronales que bloquean los acuerdos y siembran los conflictos. La fiscalía lo que quiere es meter miedo a los trabajadores, porque el Gobierno quería y quiere silencio y resignación frente a su programa de recortes laborales y sociales, frente a sus ‘reformas estructurales’.
Con el Código Penal -con el vestigio predemocrático que quedó adherido su artículo 315- y con los altavoces mediáticos a todo trapo, quienes protestan y se movilizan se convierten en enemigos de la convivencia democrática, violentos y peligrosos. Quienes participan en huelgas comparecen ante el juez acusados de delitos que conllevan años y años de cárcel.
Pues no. La Huelga No es Delito. La huelga es valor central de la democracia.
Mañana se juzga a ocho trabajadores por participar en una huelga. Saldremos una vez más a las calles a mostrar nuestra solidaridad; a reclamar su desimputación, a exigir su absolución. A defender y agradecer su actuación en la Huelga General del 29S-2010; y a agradecer aún más la dignidad, el valor y el compromiso que vienen demostrando desde que fueron encausados.
Porque lo que está en tela de juicio ni son ellos ni es la huelga. Lo que está en cuestión es nuestra democracia».
José Luis Gil, secretario general de CCOO CLM.