El Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara, que investiga un posible delito de desobediencia del Ayuntamiento de esta ciudad por negarse a retirar la propaganda del denominado Eje Cultural durante la campaña de las pasadas elecciones europeas, ha citado a declarar como imputado al alcalde, Antonio Román, el próximo día 11 de noviembre.
Así lo ha dado a conocer hoy en rueda de prensa el diputado regional del PSOE de Guadalajara Luis Santiago Tierraseca, quien ha opinado que el alcalde de Guadalajara debería «tener la valentía de dar la cara y presentarse a declarar para asumir la responsabilidad».
Tierraseca ha recordado que Román no sólo es el máximo responsable del Ayuntamiento, sino que firmó personalmente las alegaciones presentadas en primera instancia ante la Junta Electoral Provincial, por lo que «entendemos -ha razonado el parlamentario socialista- que es quien debe acudir también ahora para dar explicaciones y comparecer como imputado».
En este sentido ha asegurado que el Ayuntamiento infringió, de manera sistemática, todas las resoluciones de la Junta Electoral, que ordenaron desde el primer momento retirar la campaña de propaganda del Eje Cultural de todos los medios de difusión.
Tras un primer acuerdo del 22 de abril, este órgano tuvo que pronunciarse nuevamente para reiterar el requerimiento, «tras verificarse su incumplimiento», y hacerlo incluso una tercera vez «ante la constatación de un nuevo incumplimiento», según recogían de manera literal los escritos pronunciamientos, ha recordado Tierraseca.
Y ha agregado que «fue en esta ocasión cuando la resolución ya llegó acompañada por la orden de dar traslado de los hechos al juzgado ante un posible delito de desobediencia».
Tierraseca ha llamado la atención sobre el hecho de que la Junta Electoral -compuesta por tres jueces profesionales y dos representantes políticos, propuestos por el PSOE y el PP- tomó esta decisión por unanimidad, incluso con el voto del miembro designado por el PP.
Y ha concluido que este mismo órgano acordó desestimar las alegaciones del Ayuntamiento e incluso tomó otra resolución más relativa a la distribución de la revista municipal «30 dí@s», por considerarla un instrumento de propaganda municipal también prohibido expresamente en periodos electorales, que, sin embargo, fue repartida por toda la ciudad.