La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alcázar ha adjudicado a la empresa Aqualia la gestión mixta público-privada de Aguas de Alcázar, en un acuerdo cuya validez ha sido recurrido por el PSOE.
Según ha informado el Ayuntamiento alcazareño, la oferta presentada por Aqualia ha sido «con mucha diferencia» la más ventajosa para los intereses de los vecinos de la localidad a una adjudicación a la que también optaban Aquona y Valorinima.
Aqualia tendrá la concesión del servicio mixto durante 25 años, según ha explicado a Efe el responsable de Aguas de Alcázar, Ángel Puente, que consta cuando salió a licitación la fórmula privada.
Además de la viabilidad de la empresa, el cambio de modelo de gestión de la empresa permitirá mantener a las 38 personas que actualmente integran la plantilla con la carta de garantías que se ha firmado y asegurar que la tarifa no suba y que la calidad del servicio se mantenga.
La sociedad municipal se disolverá el próximo 1 de abril y el Ayuntamiento, con el 48 por ciento de las acciones, mantendrá la presidencia de la nueva empresa mixta.
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha presentado un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales porque entiende que ninguna de las tres empresas puede ser admitida al no acreditar su solvencia técnica ni económica, tal y como exigen la Ley de Contratos y el propio Pliego.
Así lo ha anunciado la concejala socialista y miembro de la Mesa de Contratación Ana Belén Tejado, quien ha subrayado que «es inconcebible que empresas sin un solo trabajador, inexistentes o con 3.000 euros de capital, se aseguran 14 millones de euros por su saber hacer» y se ha preguntado «cómo va a garantizar un negocio de 4 millones anuales quien tiene un capital de 3.000 euros».
La modificación de los pliegos sin previo acuerdo del órgano de contratación es otra de las «ilegalidades» denunciadas por el PSOE, que ha apuntado que «se ha reducido en 2 millones de euros la deuda municipal sin disminuir el préstamo de 6,5 millones que le piden a la empresa y que tendremos que devolver con intereses».
Tejado ha completado que, igualmente, se han cambiado la fórmula de revisión de tarifas, el periodo de renovación de contadores y la responsabilidad sobre fenómenos imprevistos que «modifican sustancialmente» un pliego que, ha concluido, «lo han hecho sin acuerdo de pleno y sin transparencia».