El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha abogado hoy por los trasvases «para aprovechar aguas excedentarias» en el marco del desarrollo de un nuevo Plan Hidrológico, que ha justificado en el «fracaso» del plan de desaladoras socialista.
El ministro ha rehusado «utilizar» la palabra «trasvase» hasta los últimos minutos de su primera intervención en comisión parlamentaria, que ha durado más de tres horas, pero finalmente ha recurrido a ella para apoyar estas infraestructuras para ese tipo de aprovechamientos.
«Hagamos las obras que haya que hacer, porque hay mucho sentido común que aplicar a la planificación hidrológica de España. Hablamos de un gran pacto nacional del agua, no de una gran imposición nacional», ha continuado.
Arias Cañete ha criticado duramente la «preocupante herencia» recibida del Ejecutivo socialista en materia de agua, cuya gestión de este recurso ha calificado de «caótica» y «catastrófica».
Y es que el plan de desaladoras que inició el Gobierno del PSOE en 2004 tras suprimir el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del PP «apenas facilita 111 hectómetros cúbicos de agua, el 16,45% de los 778 previstos» por el PHN y «a un precio inasequible para los agricultores».
El nuevo titular de Medio Ambiente ha reconocido que las desaladoras son «muy útiles en sitios muy áridos cercanos a la costa» y en lugares como Canarias, pero son «dudosamente sostenibles» en el resto por «su elevado coste energético y la alta concentración salina» del agua que producen.
De las 51 desaladoras previstas en el citado plan, Arias Cañete ha sostenido que sólo hay 17 en funcionamiento, 15 en construcción y el resto en trámites; y que la inversión necesaria para que todas estén operativas asciende a 2.416 millones, que hay que sumar a los 1.664 millones ya gastados.
«Además, el coste de producción por metro cúbico es muy superior al que puede soportar el sector, y, por lo tanto, para hacer viable el uso de las desaladoras hay que recurrir a una cadena de asociaciones encubiertas, ya que los agricultores no demandan el agua de las desaladoras al no poder pagarla», ha argumentado.
El ministro ha denunciado, también, las «nefastas condiciones económicas» en las que ha dejado el anterior Gobierno las cuatro Sociedades estatales de Agua, responsables de las inversiones en esta materia.
En lo que se refiere a la Directiva Marco de Agua, ha aludido a la demanda de la Comisión Europea a España por los dos años de retraso en la presentación de los 25 planes de cuenca -sólo Cataluña ha hecho sus deberes-; y por la no apertura de un proceso de participación pública para la realización de esos planes.
«España es el país más retrasado de Europa en la aplicación de la Directiva Marco de Agua, y ese retraso nos puede traer una sanción», ha insistido Arias Cañete.
Ha citado los dos expedientes sancionadores que España tiene abiertos en Bruselas por problemas de calidad de aguas: uno por no depurar en 23 grandes núcleos urbanos, «de los cuales en 11 ni han empezado a construirse las depuradoras», y otro por verter aguas residuales en áreas de importancia ambiental, que afecta a 912 municipios.
Asimismo, ha aludido también a las «promesas incumplidas» en el Plan del Alto Guadiana «que proponía una inversión de 2.800 millones y la regularización de 8.000 pozos ilegales».
Frente a esa política de agua, Arias Cañete ha mencionado que su Plan prevé «una nueva programación nacional de inversiones y actuaciones» en «infraestructuras» que garanticen «un abastecimiento en cantidad y calidad siguiendo el principio de solidaridad territorial».
Ha prometido también alcanzar la «plena depuración de la carga contaminante de aguas en España, comenzando por los grandes núcleos y las poblaciones que estén en zonas especialmente sensibles»; e impulsar el uso de agua reutilizada.