El Gobierno local de Toledo considera «lamentable y deplorable» la actitud que ha demostrado la concejal del PP Valle Arcos utilizando de manera «partidista e interesada» los asuntos relacionados con los servicios sociales municipales para «atacar» al alcalde, Emiliano García-Page, e intentar ocultar así el desmantelamiento del sistema de salud que está encabezando la presidenta regional, María Dolores de Cospedal.
Para el Gobierno local, Valle Arcos miente deliberadamente o demuestra una ignorancia que quizá pueda resolver su compañera de partido, la coordinadora provincial de Servicios Sociales, María José Rivas, que era concejal del área cuando el Ayuntamiento adjudicó por primer vez la ayuda a domicilio a una entidad externa.
La concejal de Bienestar Social, Ana María Saavedra, ha asegurado que la representante del PP «vuelve a demostrar que no conoce cómo funcionan los servicios sociales» y que emplea ese desconocimiento con el único interés de «hacer mérito ante sus jefes» criticando la gestión de García-Page.
Ana Saavedra ha explicado que la ayuda a domicilio «no está privatizada» sino que, al igual que en otras ciudades y como ocurre con otros servicios, está concesionada a una entidad que realiza esta tarea; un mecanismo que, como ha recordado, ya instauró el PP cuando gobernaba en el Ayuntamiento.
En cuanto al precio, ha afirmado que es similar al de otras ciudades, y que si en algún caso es superior, «se debe fundamentalmente a que el servicio se rige por el convenio laboral de limpieza (que recoge mejores condiciones)», una decisión que también se tomó durante la administración del PP. A esto hay que sumar los recortes que en materia de salud y servicios sociales está realizando la presidenta Cospedal y que han sido especialmente traumáticos en lo que respecta a la ayuda a domicilio.
«Si realmente la señora Arcos quiere hacer algo por mejorar la Ayuda a Domicilio, que se dirija a la presidenta autonómica», ha dicho Saavedra, quien ha recordado la supresión de horas de atención a domicilio y la eliminación de ayudas que ha ordenado el PP en los últimos dos años, perjudicando así a los ayuntamientos, que han tenido que asumir costes que no les corresponden.
El equipo de Gobierno quiere recalcar que los ayuntamientos no tienen competencia en materia de ayuda a domicilio, a pesar de lo cual han colaborado en la medida de sus posibilidades realizando grandes esfuerzos para llevar a cabo una atención que es fundamental para las personas más necesitadas.
Por ello, y ante la imposibilidad de absorber una plantilla que se dedique a este ámbito, la mayor parte de los medianos y grandes consistorios han optado por la contratación de empresas que desarrollan esta labor con profesionales cualificados.