Las asociaciones LGTBIAQ+ de Castilla-La Mancha han exigido el cumplimiento de la ley LGTBI regional y han denunciado la «precaria» atención sanitaria y el «abandono» en el ámbito educativo que sufren las personas trans de la región, por lo que han reclamado «medidas urgentes» para garantizar sus derechos y dignidad.
En nota de prensa por el Día Internacional de la Visibilidad Trans, las asociaciones presentes en la comunidad autónoma se han unido para manifestar su preocupación ante «el abandono sistemático que sufren las personas trans por parte de las instituciones de nuestra región».
Las asociaciones firmantes son Adise LGTIBQ+, Fundación Triángulo C-LM, Familias Transformando Castilla-La Mancha, Asociación PLuRaL LGTBIAQ+ Mancha Centro, LGTBORA, Asesórate, Espacio Diverso para la Igualdad LGTBIQ+, EACEC LGTBIQ+, Asociación Wado LGTBI de Castilla-La Mancha, Bolo-Bolo LGTBI Castilla-La Mancha, y LGTB Torrijos.
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Implementación «lenta» e «insuficiente» de la ley LGTBI de C-LM
Han recordado que, a pesar de la aprobación de la Ley LGTBI autonómica en 2022, su implementación está siendo «lenta e insuficiente«, lo que implica “una negligencia institucional que vulnera derechos fundamentales y provoca situaciones de desamparo en la población LGTBIAQ+ de Castilla-La Mancha, con consecuencias especialmente graves para la población trans, que se traducen en sufrimiento psicosocial, exclusión y, en los casos más extremos, en un riesgo vital”, han asegurado.
Han señalado que las personas trans presentan índices de suicidio más elevados que el resto de la población, «una realidad que puede prevenirse con un acompañamiento adecuado y el despliegue de las políticas públicas pertinentes para garantizar el acceso a los recursos sanitarios y sociales que este colectivo necesita».
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Denuncian las barreras médicas en Castilla-La Mancha
Según las asociaciones, las personas trans en la región «siguen enfrentando graves barreras para acceder a una atención sanitaria digna, adecuada y suficiente», pues «tan solo existe una plaza para endocrino especializado en todo el Sescam, pero está vacante desde principios del 2024 y permanece sin cubrirse hasta la fecha».
Una situación que «condena a cientos de personas a enormes dificultades a la hora de recibir sus tratamientos, generando un sufrimiento que sería perfectamente evitable».
Además, al existir una única Unidad de Identidad de Género para toda Castilla-La Mancha, ubicada en Cuenca, «se obliga a largos y costosos desplazamientos».
Otro de los aspectos más críticos es la falta de acceso a los tratamientos médicos necesarios, pues aunque la ley garantiza la atención integral, incluyendo tratamientos hormonales y quirúrgicos, «estos apenas se prestan en la sanidad pública», haciendo que muchas personas trans tengan que recurrir a la sanidad privada, donde tienen que asumir grandes costes.
El ámbito educativo sigue sin ser seguro para las personas trans
En el ámbito educativo, las asociaciones han lamentado que las personas trans «siguen siendo víctimas de una violencia sistemática e ignorada«, pese a que «debería ser un espacio seguro para todas las infancias y adolescencias».
«La desprotección que sufren es alarmante e inaceptable. Muchos centros de la región carecen de protocolos claros y actualizados y, cuando existen, la falta de conocimiento por parte del profesorado impide su aplicación efectiva. Las infancias y adolescencias trans crecen enfrentando el acoso, la discriminación y el aislamiento, sin herramientas, ni el acompañamiento o apoyo necesarios. Se las deja solas ante la violencia, en una etapa crucial para su desarrollo. Esta dejadez por parte de las autoridades educativas deja heridas profundas en los menores que condicionan toda su vida», han insistido.
Reclaman un plan integral sanitario y social
Por todo ello, las asociaciones firmantes han reclamado el desarrollo «inmediato» de un plan integral de atención sanitaria y social que incluya:
- La cobertura urgente de la plaza vacante en Cuenca y la extensión de este servicio a todas las provincias.
- Formación obligatoria sobre diversidad sexo-genérica para el personal sanitario, educativo y de los servicios sociales municipales, que aseguren una atención libre de discriminación.
- La implementación efectiva de protocolos adecuados que, revisados periódicamente, ofrezcan orientación al profesorado de todos los centros educativos, públicos y privados, que permita proteger a las infancias y adolescencias trans.
- La financiación necesaria de las intervenciones quirúrgicas dentro del sistema público de salud, eliminando las barreras económicas existentes.