El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, y el director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Víctor Manuel Martín López, junto al diputado de Economía y Hacienda, Juan José Gómez-Hidalgo, han firmado una operación de préstamo de siete millones de euros para la financiación de la aportación que realiza la Diputación a los Planes Provinciales de Obras y Servicios correspondientes al curso 2012-2013, cuyo destino es la realización y el mantenimiento de obras y servicios en los pueblos.
Mediante esta operación de préstamo, que asciende a siete millones de euros, la Diputación facilita fondos en el marco de los Planes Provinciales asignados a los ayuntamientos de la provincia para el desarrollo de iniciativas orientadas a la realización de obras de progreso en los municipios toledanos.
La colaboración entre la Diputación de Toledo y la Caja Rural Castilla-La Mancha permitirá que los consistorios toledanos dispongan de los suficientes recursos para realizar proyectos que impulsen la dinamización del territorio y estimulen la actividad económica, se informa desde la institución provincial.
Tras la firma de la operación, García-Tizón ha agradecido a Caja Rural Castilla-La Mancha «su predisposición en la atención de los requerimientos de los municipios y la implicación y compromiso que está demostrando para propiciar el crecimiento y desarrollo de las entidades locales».
Por su parte, el director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín López, ha destacado que este acuerdo «supone un ejemplo más del respaldo y colaboración que dispensa la entidad a las administraciones públicas. Sobre la línea de financiación habilitada, ha señalado que «presenta unas condiciones muy ventajosas y que supondrá una importante ayuda y estímulo para remontar la difícil situación actual que padecen los distintos ayuntamientos de la provincia en materia de inversiones».
La firma de esta operación se une al convenio suscrito el pasado enero para el anticipo de tributos a los consistorios de la provincia y a los acuerdos que las dos partes mantienen activos, como el que lleva vigente desde 2005 para facilitar la actualización y evolución del programa informático GIA, destinado a la Gestión Integrada de Ayuntamientos y mancomunidades.