El Gobierno de Castilla-La Mancha rechaza de manera frontal el informe realizado por la Comunidad Valenciana, que califican de «ad hoc», en el que explican que se «justifica que no se respeten los caudales ecológicos del Tajo». Las palabras da la portavoz de la Junta castellanomanchega, Blanca Fernández, apelan al » sentido de la justicia y la solidaridad territorial».
Fernández ha valorado el informe de la Comunidad Valenciana como algo que «construye una realidad paralela» y afirma que ha utilizado ala Abogacía de la Generalitat para algo «que no se sostiene en pleno siglo XXI».
La portavoz de la Junta ha reafirmado que el Consejo Nacional del Agua «aprobó caudales ecológicos sin condicionamientos» y eso es «inamovible». La posición del Gobierno regional es que no «renunciará bajo ningún tipo» a la reducción de unos caudales ecológicos que podrían suponer unos 8,65 hectómetros cúbicos más del agua en el Tajo para 2027.
Blanca Fernández, con micrófono en mano, portavoz de la Junta de CLM.
La Junta defiende el cumplimiento de las sentencias
Cinco sentencias del Tribunal Supremo han obligado a la implantación de los caudales ecológicos en el río Tajo. Por eso, la Junta defiende que se cumpla «el sentido de la justicia y la solidaridad territorial porque Castilla-La Mancha tiene el derecho a desarrollarse en torno a su agua».
Siguiendo con las críticas, Fernández ha mostrado la confianza por lo aprobado en el Consejo Nacional del Agua. «Un acuerdo que se ha votado, aprobado por la mayoría de las comunidades autónomas, con un inexplicable voto contrario de la Comunidad de Madrid».
Por último, Fernández ha advertido de la urgencia de aplicar los caudales ecológicos para buscar alternativas ante la escasez hídrica. «Ya es hora de mirar al mar y buscar otras alternativas porque el Tajo no da más de sí y va a llegar un momento de que no haya agua para nadie, por lo que hay alternativas posibles antes de que eso ocurra», ha concluido.