Castilla-La Mancha tendría que crear 367 nuevas plazas para la acogida de menores de acuerdo a la propuesta de derivación según criterios de población planteada por el Gobierno.
Según esta fórmula, presentada por el Ministerio de Juventud e Infancia, Castilla-La Mancha es la cuarta región que más plazas tendría que crear para llegar al mínimo que le corresponde de acuerdo al reparto propuesto, por detrás de Madrid (1.145 nuevas plazas), Andalucía (839) y la Comunidad Valenciana (764).
En la otra cara de la moneda, los territorios que ya superan el mínimo de plazas estructurales que les tocaría según este criterio de población son, además de las zonas de llegada (Canarias, por 65; Ceuta, por 45; y Melilla, por 150), Cataluña (1.065 más), País Vasco (498) y Navarra (85).
Así se refleja en uno de los documentos -al que ha tenido acceso EFE- sobre los que trabajan Gobierno, Canarias y, hasta hace unos días, el PP, en sus negociaciones para llegar a un acuerdo para acometer una reforma de la ley de extranjería que establezca una acogida vinculante de los menores migrantes no acompañados entre todos los territorios para aliviar a zonas tensionadas como Canarias.
De acuerdo a esta fórmula, que se refiere en todo momento a plazas para la acogida de menores tutelados en general y no solo migrantes, la comunidad que más ‘déficit’ de plazas tiene, según lo que sería un reparto óptimo basado en criterios de población para el Gobierno, es la Comunidad de Madrid, a la que le ‘faltarían’ 1.145 plazas.
Le siguen Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, y el resto de territorios que tendrían que crear nuevas plazas son Galicia (327), Castilla y León (292), Región de Murcia (285), Aragón (140), Extremadura (92), Cantabria (59), Islas Baleares (56), Asturias (39) y La Rioja (32).
Las regiones a las que les falta capacidad de acogida en función de este reparto tendrían que crear un total de 4.437 plazas.
Según han informado a EFE fuentes de la negociación, para dar con esta fórmula se ha calculado cuántas plazas son necesarias en todo el territorio (unas 23.600) y después, se ha dividido la población española entre el número de plazas. Tras aplicar una serie de factores correctores, se ha obtenido la ratio de 1 plaza por cada 2.250 habitantes.
Además, el objetivo es que todas estas vacantes sean estructurales y no de emergencia, como ocurre hasta ahora en muchos de los territorios, sobre todo en las zonas de recepción de migrantes.
Ayer, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a los medios, aseguró que la creación de nuevas plazas según este sistema tendría un coste «muy muy muy muy bajo» para las comunidades.
Puso como ejemplo que este gasto sería el equivalente al 0,05 % de los presupuestos ejecutados por las autonomías en 2023 o al 1 % de la aportación extraordinaria que se va a hacer a las comunidades de cara a 2025.
Precisó que, en el caso de Madrid, solo con el 0,5 % de los beneficios fiscales que reciben «las personas más ricas» en el territorio, esta autonomía podría poner en marcha las plazas suficientes para la acogida de los menores.
Ayer por la tarde se produjo una reunión más en el contexto de las negociaciones que se estaban llevando a cabo entre el Gobierno, Canarias y el PP hasta que el pasado fin de semana la formación de Alberto Núñez Feijóo anunció que suspendía las conversaciones.
En ella participaron el presidente canario, Fernando Clavijo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra Sira Rego y representantes del Ministerio de Hacienda. Como estaba previsto, no acudió nadie del PP.
Durante el encuentro, el Gobierno central y el de las islas trabajaron «en buena sintonía» acerca de la propuesta de la ministra Rego, mientras esperan a que el PP vuelva a las conversaciones, han apuntado las fuentes.