CCOO ha denunciado que los 60 trabajadores de la empresa Dornier, concesionaria del servicio de estacionamiento regulado (ORA) en Toledo capital, Illescas, Torrijos y Quintanar de la Orden desde hace una década, llevan tres años sin convenio colectivo y con los salarios congelados.
Ante ello, ha pedido explicaciones a los otros dos sindicatos con representación en la empresa, UGT y CSI-F, por el acuerdo adquirido con la concesionaria de no subir los salarios, ha señalado en una nota pública el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Toledo, José Luis Arroyo.
Ha lamentado que en febrero de 2016, «con acuerdo de despacho y carente de transparencia», UGT y CSIF se comprometieron con Dornier a no incrementar los salarios de estos trabajadores que «tienen unas condiciones laborales precarias y cobran unos 900 euros mensuales».
Por ello, Arroyo ha instado a los ayuntamientos de Toledo, Illescas, Torrijos y Quintanar de la Orden a que tengan en cuenta esa precariedad laboral y «las irregularidades y deficiencias» detectadas en la capital regional: «Empresas así no pueden tener la concesión de un servicio, porque no cumplen con su responsabilidad social con sus empleados», ha afirmado.
Asimismo, ha exigido a Dornier la negociación y firma de un nuevo convenio colectivo -el último acabó el 31 de diciembre de 2014- que incluya una subida salarial en los términos que establece el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y ha pedido a UGT y CSI-F que «no impidan» el logro de mejoras laborales y tampoco «dificulten la libertad sindical».
Aquí, ha recordado que los dos sindicatos «en connivencia» con Dornier promovieron la revocación de dos empleadas, y representantes de CCOO en el Comité de Empresa, por exigir la negociación del convenio y denunciar deficiencias en la prestación del servicio.
La revocación se produjo el pasado mes de junio en una asamblea convocada en las oficinas de la empresa y en horario laboral cuando, ha aclarado, «para CCOO es imposible realizarla» en esos términos, y una vez que «ambas fueron sancionadas antes por la empresa, pero esas sanciones quedaron en nada al carecer de fondo».
«La persecución contra esas trabajadoras y representantes sindicales ha sido una constante, hasta el punto de su revocación» que está en los tribunales por la demanda presentada por CCOO», ha precisado Arroyo, que ha calificado de «absolutamente vergonzosa» la actuación de la empresa y las dos organizaciones sindicales que «lo que deben hacer es defender los derechos de los trabajadores».
Además, ha reforzado, «nunca han denunciado ni reclamado nada en su beneficio. Hubo despidos en la empresa», como una afiliada al CSI-F, «contrataciones discrecionales y no han dicho nada».
Y ha agregado que CCOO denunció en junio pasado irregularidades en el servicio en Toledo capital y el incumplimiento del pliego de condiciones y pidió al Ayuntamiento de Toledo que «las investigase y pusiera orden» y le emplazó a la municipalización del servicio para garantizar los derechos laborales y la transparencia del servicio.
«No tenemos constancia de que se hayan llevado a cabo actuaciones para poner solución a esas irregularidades y deficiencias en la prestación del servicio», ha concluido Arroyo.