El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abogado este martes por resolver en el ámbito estatal las medidas que se han de adoptar para entrar en locales de hostelería en el marco del control de la pandemia de la covid-19, después de la propuesta de pedir certificado covid para acceder a dichos locales que ha realizado Galicia y a la que se ha sumado Canarias, que sería demostrar que se ha vacunado o que ha dado negativo en una prueba.
A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha señalado que «no hay que renunciar a ninguna medida» si puede ser buena para el conjunto de la sociedad, si bien ha resaltado que el Gobierno regional cree que mantener las medidas de protección y la distancia de seguridad ya resulta «eficaz».
Con todo, ha incidido en que las medidas que se plantean para controlar la expansión del virus en los bares y restaurantes se han de tomar en el marco nacional, porque «si no, volvemos locos a los ciudadanos y a los turistas».
En este sentido, ha insistido en que le corresponde al Ministerio de Sanidad, de manera dialogada con las comunidades autónomas, adoptar unas medidas igual para todas la regiones.
Preocupación por la evolución de los datos
Por otro lado, Fernández ha mostrado la preocupación del Gobierno castellanomanchego por la evolución de los contagios, aunque ha recordado que la incidencia en esta región, tanto a 7 como a 14 días, sigue siendo la mitad que en el resto de España y también registra mejores datos en ingresos hospitalarios y ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
No obstante, ha apelado a «seguir siendo muy prudentes» pero también con la tranquilidad de que la mortalidad por covid-19 en Castilla-La Mancha se ha reducido un 74 % en comparación con el mismo mes del año anterior, ha subrayado.
De otro lado, preguntada por la toma de declaración este martes en Tomelloso (Ciudad Real) al director de la Fundación Elder, José Manuel Sampedro, acusado de un delito de homicidio por imprudencia y otro de omisión del deber del socorro, por la muerte de 76 personas en esta residencia, Fernández ha indicado que el Gobierno regional «espera justicia, que se esclarezcan los hechos y que cada uno asuma sus responsabilidades».
Además, ha aseverado que el Ejecutivo autonómico «sufrió mucho» por el «tsunami» que provocó el virus al principio de la pandemia, y que fue «muy duro» ver a Sampedro en todos los medios de comunicación nacionales «decir cosas que no se ajustaban a la realidad»; por lo que ha confiado en que esto sirva para «saber lo que no hay que volver a repetir nunca», ha sentenciado.