Los cerca de 90 alcaldes socialistas de la provincia de Toledo, así como concejales y concejalas del PSOE de ayuntamientos toledanos, asistirán el domingo a la Asamblea General de alcaldes y alcaldesas que se celebrará en Madrid en rechazo a la reforma local aprobada por el Gobierno de España.
El PSOE de Toledo ha rechazado en una nota de prensa una reforma de la Administración local que, a juicio del secretario general y alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, pretende quitar competencias al 95 por 100 de los ayuntamientos (los de menos de 20.000 habitantes) y abre la puerta a la privatización de los servicios públicos.
El proyecto de Ley, a juicio de Gutiérrez, tiene en contra a «muchísimos» alcaldes y alcaldesas no solo del PSOE porque «hace caso omiso a las recomendaciones del Consejo de Estado que emitió un crítico y duro informe sobre el mismo».
El rechazo de la ley viene motivado porque «no soluciona ninguna de las necesidades de la Administración local, no clarifica competencias, no evita duplicidades, no simplifica la estructura administrativa local y no resuelve los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos», ha subrayado.
También ha criticado que esta ley quiera dejar sin competencias a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y que sea la Diputación Provincial la que decida y coordine la prestación de servicios públicos.
Y se ha referido al abastecimiento domiciliario de agua potable, la recogida de basuras, la limpieza viaria, el acceso a los núcleos de población o la pavimentación de las vías, entre otros.
Por esto, para el PSOE la ley «va a suponer la pérdida de miles de empleos públicos y un grave daño a los ciudadanos que serán los que más pierdan porque tendrán unos servicios más caros y menos eficientes».
«Afecta directa y profundamente a las entidades locales menores, que en la provincia de Toledo suman un total de nueve, a las que lleva a su desaparición», ha argumentado Gutiérrez.
Además, «dañará la autonomía local y la vida democrática municipal al quitar a los alcaldes y concejales, elegidos por los ciudadanos, la capacidad de decidir sobre servicios públicos esenciales que deja en manos de las diputaciones.
La Asamblea General de alcaldes y alcaldesas fue convocada por el PSOE, IU, CiU, Coalición Canaria, Compromis, PNV, UPyD y la Federación Española de Entidades Menores en la reunión que mantuvieron en el Congreso de los Diputados el 3 de octubre.