«Las escandalosas facturas de depuración que están llegando a los ayuntamientos que tienen depuración con Aguas de Castilla-La Mancha en época de lluvias y la falta de soluciones por parte de la Administración regional, ha llevado a cuatro municipios de la comarca de la Sagra baja, Yuncler, Villaluenga, Pantoja y Alameda de la Sagra, a pedir una reunión con la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, para tratar este gravísimo problema que afecta a las depuradoras gestionadas directamente por la comunidad autónoma», informa el PSOE en un comunicado.
Tras la realización de diversos estudios técnicos solicitados por los ayuntamientos afectados, «estos han comunicado, denunciado y rebatido las irregularidades que se han detectado desde que comenzó a funcionar la EDAR a Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha, como son la falta de concordancia entre el proyecto de ejecución de la Edar y sus emisarios y la obra finalmente ejecutada; filtraciones en los colectores; e inadecuada ubicación de los caudalímetros para la toma de datos de media», se añade en el comunicado.
«También, la incorrecta liquidación de las facturas, donde existe una disparatada diferencia entre el canon de aducción y el canon de depuración, esto es, los metros cúbicos que se depuran con lo que se compran, diferencia que se hace especialmente notoria en época de lluvias debido a la falta de previsión técnica de los aliviaderos», agregan.
«Este problema no sólo afecta a la Edar Sagra Centro y a sus cinco municipios, sino a la mayoría de las depuradoras que explota Aguas de Castilla-La Mancha, ya que se da la paradoja que hay ayuntamientos separados apenas cinco kilómetros entre sí que, dependiendo de quién gestione la depuradora, el servicio puede llegar a costar el doble en un pueblo que en otro», afirman
Así, aseguran que los municipios de la Sagra Alta como Yuncos o Illescas apenas pagan a 0,17 euros por metro cuadrado la concesión de la explotación por la depuradora, mientras que Yuncler o Villaluenga lo pagan a 0,42 euros por metro cuadrado, lo que supone más del doble.
Por todos estos motivos, los ayuntamientos afectados, una vez agotada la vía administrativa, se plantean llevar el problema a los tribunales españoles e incluso los europeos, pues estas depuradoras se construyeron con fondos Feder de la Unión Europea. Aún así, tienen esperanza de que el problema se solucione «con diálogo y sentido común».