El aeropuerto de Ciudad Real podría dedicar sus instalaciones a ubicar un centro donde albergar a inmigrantes adultos provenientes, fundamentalmente, de fuera de la Península, un extremo ante el que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado «sorprendido» al ser consultado por Europa Press.
Según informaciones que manejan las entidades que trabajan con este tipo de población y a las que ha tenido acceso este medio, el proyecto estaría muy avanzado; y el Ejecutivo del Gobierno de España habría llegado ya a un acuerdo con la empresa propietaria del aeródromo manchego e, incluso, habría encargado la contratación e instalación de barracones en los que empezar a alojar a los emigrantes que se trasladarían hasta esa improvisada instalación.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado a EFE que están estudiando esta posibilidad, toda vez que han señalado que estas instalaciones tienen actualmente un uso marginal para algunos vuelos privados.
Estas mismas fuentes han precisado que se trataría de un centro de carácter temporal para atender la acogida de las personas llegadas a las costas españolas y derivadas desde Canarias, Baleares y otros puntos de llegada, como Murcia, Almería o Alicante.
Lo que pretende el Ministerio es abrir en esas instalaciones un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED).
Consideran que sería una «desconsideración muy grave» que el Gobierno no hubiera informado
Ante este extremo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su «sorpresa y estupefacción» por la posibilidad de que el Gobierno de España plantee dedicar las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real a este tipo de centro.
En todo caso, desde el entorno del Gobierno castellanomanchego se apunta que no se ha recibido información al respecto por parte del Ejecutivo estatal, y defienden que, en caso de confirmarse, la situación sería de «un despropósito absoluto y una barbaridad delirante».
Según el argumento gubernamental castellanomanchego, si bien la política de inmigración es una competencia exclusiva del Estado, entenderían como una «desconsideración muy grave» que no se haya informado en ningún momento a la Administración regional en relación a un asunto que «no solo es muy relevante para el territorio, sino que puede afectar a quien tiene la obligación de garantizar la asistencia sanitaria u otro tipo de servicios de primera necesidad».