La Asociación Marroquí de Derechos de los Inmigrantes de Puertollano (Ciudad Real) ha apoyado a un conocido activista de la ciudad minera y secretario general de este colectivo, Juan Antonio García Redondo, sancionado por la Policía Local con 50 euros por colocar pegatinas antifascistas encima de otras con contenido nazi y racista que habían sido previamente denunciadas por el colectivo.
«Indignación e impotencia»
En un comunicado, la asociación de inmigrantes ha expresado su «indignación e impotencia» después de haber denunciado, sin éxito, la existencia de las pegatinas fascistas y de haber emprendido campañas de retirada de estos mensajes, colocados en el mobiliario urbano de determinadas calles del municipio.
Tras la multa al activista, denunciado por la Policía Local el pasado mes de agosto, la agrupación lamenta que «los fascistas hayan logrado pasar desapercibidos» tras colocar sus mensajes «violentos» desde hace más de cinco años, pese a las reiteradas denuncias ante los medios de comunicación, Ayuntamiento y Policía.
En este sentido la asociación de inmigrantes ha recordado que en los últimos meses ha «invitado» a las autoridades a que procedan a la retirada de los adhesivos de forma subsidiaria, «repercutiendo el coste en los responsables, sin perjuicio de las sanciones correspondientes».
Asimismo, la asociación ha enfatizado que desde la detección de las primeras pegatinas ha promovido actos y charlas en los colegios y institutos, y eliminado los adhesivos de barrios y calles «fomentando una cultura de paz y de convivencia como una actitud positiva y creativa frente a los discursos de la discriminación y el racismo».
Pese a ello, prosigue el comunicado, en ese proceso de hostilidades y a lo largo de cinco años las pegatinas se multiplicaron. «Por eso nuestros militantes y activistas empezaron a colocar adhesivos antifascistas encima de las pegatinas fascistas en un principio, antes de proceder a quitarlas en una segunda fase, entre el 28 de junio y el 29 de septiembre de 2019», aclara.
Consecuentemente, y «mas allá de la inocencia o la culpabilidad», el colectivo ha «cerrado filas» en defensa de su compañero, al tiempo que ha advertido de que es «imperativa» la implicación de las instituciones en la misión de las ONG que luchan contra el racismo y el odio, «así como la desactivación del cordón sanitario que puso el Gobierno del Partido Popular desde 2011».
«Quizás el discurso de la extrema derecha provoca miedos que impulsan oxígeno en el cuerpo de un régimen que en su día fue condenado y rechazado por dictadura y crímenes de guerra, pero se nos vende con nuevas siglas y nueva agenda política, en cuyo encabezado estamos los inmigrantes, las mujeres y los colectivos LGTBI», ha concluido.