La consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades, Mercedes Gómez, ha desvelado este miércoles que la empresa de procesamiento de cadáveres animales ‘Animal By Products (ABP Solutions)’, que se encargaba de la recogida de cadáveres para su procesamiento en Puertollano procedentes de toda Castilla-La Mancha, acumulaba cuatro expedientes sancionadores desde finales del año pasado tras inspecciones que constataron deficiencias que contravenían la autorización medioambiental integrada, así como incumplimientos en materia de seguridad industrial, los cuales derivaron en la suspensión cautelar de la autorización medioambiental integrada de esta industria.
A preguntas de los periodistas tras su intervención en el curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha ‘Claves para un futuro energético sostenible, una apuesta necesaria’, celebrado en Puertollano, la consejera ha puntualizado que, tras la suspensión cautelar de la autorización, se pidió a la empresa que mejorase su sistema productivo con determinadas medidas correctoras.
Un procedimiento «aún en curso» en el momento en que la Consejería de Desarrollo Sostenible recibió la notificación de la intervención del Seprona de la Guardia Civil, que investiga a esta industria por graves incumplimientos medioambientales y de seguridad laboral.
Posibles medidas adicionales
Según Gómez, el Gobierno regional está ahora a la espera de que tanto la Guardia Civil como el juzgado competente o incluso la Fiscalía de Medio Ambiente comuniquen posibles medidas adicionales sobre los expedientes sancionadores.
En todo caso, Gómez ha insistido en que la actuación de la Consejería de Desarrollo Sostenible se inició a finales de año, por tanto antes de la intervención de la Guardia Civil tras la denuncia de los vecinos y de la empresa de transportes de esos residuos.
La consejera ha puntualizado que los expedientes no están cerrados, dado su carácter cautelar, «por lo que en función del desarrollo de los acontecimientos la sanción pasaría de grave a muy grave, si bien la mayor sanción, aparte de la económica, es la retirada de la autorización medioambiental integrada que no permite a la empresa seguir funcionando».
Preguntada por la continuidad del servicio de recogida de cadáveres animales en Castilla-La Mancha, del que esta empresa era concesionaria, la consejera se ha remitido al organismo competente, en este caso la Consejería de Agricultura.