El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha mostrado hoy partidario de la licencia única autonómica de caza y pesca, si bien ha dicho que, antes de firmar su adhesión, deben comprobar que existe una contrapartida económica.
Martínez Arroyo se ha pronunciado así durante su visita a la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) a preguntas de los periodistas sobre la firma hoy en Madrid del convenio para la licencia única autonómica de caza y pesca, un acto presidido por la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
El consejero ha apuntado que el Gobierno regional está estudiando la propuesta del Ministerio y que, para poder firmar el convenio, tienen que realizar «una serie de trámites administrativos».
En primer lugar, «la validación por parte de Hacienda de la pérdida de ingresos que va a suponer el convenio»; en segundo lugar, «los trámites administrativos desde el punto de vista jurídico» y, en tercer lugar, su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, ha argumentado.
«Somos partícipes del interés del Ministerio de que haya una licencia exclusiva para toda España, creo que es una buena medida, pero creo que hay tener en cuenta dónde se realiza la actividad a la hora de repartir los ingresos por las tasas», ha opinado Martínez Arroyo.
A su juicio, «no puede ser que las tasas se paguen en comunidades autónomas donde no se desarrolle la caza y que los ingresos se queden en esas comunidades autónomas».
Así, el consejero ha dicho que «es lógico que los ingresos reviertan en las comunidades donde se desarrolla la actividad» y, en este sentido, ha apuntado que Castilla-La Mancha es «la comunidad autónoma más importante en España en materia de caza».
«Aquí la caza genera 600 millones de euros aproximadamente y más de 200.000 jornales directamente, con lo cual estamos hablando de una actividad económica primordial y eso es lo primero de todo», ha aseverado.
Con ello, ha considerado que el convenio «tiene que tener una contrapartida económica para que las tasas se repartan en función de donde se realice la actividad».
«Se lo hemos transmitido al Ministerio y estamos hablando de estas cuestiones, además de cerrar las cuestiones administrativas. No ha dado tiempo porque el Ministerio nos lo ha comunicado prácticamente anteayer», ha concluido.