«Es la comparecencia más difícil y dolorosa de mi vida», ha dicho la consejera de Bienestar Social visiblemente emocionada. Asismimo, Aurelia Sánchez, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha comenzará el próximo mes de junio la tramitación de una auditoría general de las residencias de mayores de la región, que servirá como base de un «modelo residencial avanzado».
“Esta auditoría general se la vamos a encargar a un grupo de expertos que estará formado por profesionales en material, social, arquitectónica y económica”, ha afirmado la consejera antes de su intervención hoy en las Cortes de CLM, dentro de la ronda de intervenciones que están desarollando todos los miembros del Gobierno regional.
La responsable de Bienestar Social también ha añadido que «esta auditoria va a ser una oportunidad para desarrollar el auténtico modelo de atención centrado en la personas”.
También ha añadido que “este modelo que dice que los principios fundamentales para poder trabajar son los derechos de las personas mayores, sus decisiones, sus valores y sus cuidados. Lo que va a permitir paliar todas las dificultades o deficiencias que han podido existir en los centros residenciales, a pesar de todo el esfuerzo que han hecho”.
Ayuda psicosocial para superar el Covid-19
Por otro lado, Aurelia Sánchez ha detallado que el Gobierno regional va a poner de inmediato a disposición de los profesionales, familiares y residentes de los centros residenciales, un programa de Intervención Psicosocial.
El objetivo de esta medida es trabajar para la recuperación emocional, tras las situaciones vividas a causa de la pandemia, que han tenido en las residencias de mayores un gran foco de contagio y de fallecidos.
Entidades colaboradoras del Tercer Sector Social, con profesionales especialistas en intervenciones psicológicas y sociales, serán los encargados de atender, a través de distintos canales de comunicación, las demandas de las personas que lo puedan necesitar ligadas a las residencias de mayores.
Medidas contra el Covid-19
En cuanto a las medidas puestas en marcha durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, ha expuesto que «han tenido como objetivo proteger a los residentes de cualquiera de los 737 recursos residenciales que hay en Castilla-La Mancha, y que engloban a 379 residencias de mayores, 155 viviendas de mayores, 131 recursos para personas con discapacidad y 72 recursos para menores. Así como para proteger la salud de los 22.000 profesionales que trabajan en alguno de estos centros».
Se reforzaron las plantillas con 548 contrataciones en los centros propios y se puso en marcha la bolsa de trabajo social extraordinaria con más de 4.800 personas inscritas y 500 ofertas de empleo; y el refuerzo de los centros residenciales con el personal de educación, ha informado la consejera.
El Plan de Inspección Específico de residencias de mayores ha evaluado un total de 103 residencias de mayores hasta la fecha y se «han adaptado y reforzado las metodologías en los servicios de Teleasistencia, con un Plan de Seguimiento Telefónico Intensivo que han realizado un total de 135.000 actuaciones, y se ha reforzado el seguimiento del 100% de los usuarios del servicio, especialmente las personas que viven solas; en Ayuda a Domicilio con un protocolo coordinado entre Sanidad y Bienestar Social que ha cubierto las necesidades básicas de los 22.086 usuarios del servicio, que no se han visto interrumpidas, salvo excepciones como en el caso de que la persona mayor tuviera apoyos familiares; así como los programas de apoyo a las familias que lo necesitaban por situaciones de violencia, separación o crianza complicada, de forma telemática, así como la protección de los 1.221 menores en acogida o tutela».