El Tribunal de Cuentas alerta de que el «notable» número de entes públicos autonómicos, como fundaciones, consorcios o empresas públicas, requiere una «mayor exigencia» tanto para justificar su creación como para garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Es una de las principales conclusiones del informe de fiscalización del sector público autonómico de los ejercicios 2008 y 2009, que también destaca que ninguna de las comunidades autónomas cumplió el objetivo de déficit fijado para esos años.
Según el informe, el déficit conjunto de las comunidades autónomas en 2008 fue del 1,49 por 100 del PIB, pese a que el objetivo inicial era un superávit del 0,25 por 100.
Objetivo incumplido también en 2009, en el que el conjunto de las comunidades arrojó un déficit del 1,92 por 100 cuando la meta fijada era el equilibrio presupuestario.
El saldo de endeudamiento alcanzó los 52.000 millones de euros a finales de 2008, y de 70.000 millones al término de 2009.
Las comunidades que más incrementaron su deuda en 2008 fueron el País Vasco -un 63 por 100- seguida de La Rioja -52,2- y Baleares, con un 46,1 por 100.
Al año siguiente, el mayor incremento de deuda se repitió en el País Vasco -323 por 100- y Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, con incrementos superiores al 80 por 100.
El Tribunal de Cuentas ha detectado además la «deficiente» elaboración de los presupuestos autonómicos que obligaron a un «elevado volumen» de modificaciones presupuestarias que además, presentan «deficiencias en cuanto a su justificación» o que carecen de «cobertura suficiente».
En este punto, destaca el gasto sanitario que fue superior al reflejado en las obligaciones reconocidas en esos años.
De este modo, el gasto sanitario de las comunidades autónomas representó en 2008 y 2009 una media del 38 por 100 de las obligaciones reconocidas en sus presupuestos.
Situación que se repite en el gasto de las universidades, cuyos presupuestos inicialmente aprobados sufrieron un incremento medio del 31,20 por 100 en 2008 y del 35,24 en 2009.
Además, la media de créditos impartidos por cada profesor es inferior a los 24 créditos anuales exigidos legalmente, y la media de alumnos por profesor es «muy baja» en las universidades analizadas, «lo que pone de manifiesto un sobredimensionamiento del profesorado en relación con el número de alumnos».
En cuanto a la fiscalización del sector público empresarial, mantuvo una situación deficitaria, con pérdidas que para el conjunto de las comunidades -sin incluir los datos de Madrid- alcanzaron los los 3.835 millones de euros en 2009, y 3.887 millones en 2009, lo que obligó a una creciente concesión de subvenciones, ayudas públicas y a un endeudamiento financiero.
El Tribunal de Cuentas advierte de que existen empresas cuyo objeto social coincide parcialmente con el de otras de nueva creación o con algunas que carecen de actividad, «por lo que quedaría sin justificación la necesidad de creación o permanencia de otras análogas».
Ello unido a las pérdidas que arrastran, aconsejaría, según el tribunal, a una «revisión y análisis de la oportunidad de mantener estas inversiones» bajo los criterios de «eficiencia y economía en el empleo de los recursos públicos».
También alerta el tribunal de que las fundaciones públicas de titularidad autonómica adolecen del marco jurídico completo «en particular en lo relativo a la confección y rendición de cuentas».
Por último y en relación con la situación patrimonial de las administraciones, el tribunal observa bienes sin valorar o incorrectamente valorados, falta de concordancia de los datos y, en algún caso, derechos de cobro dudoso que no se provisionan o que se hacen insuficientemente.