El 17,7 por 100 de los hogares de Castilla-La Mancha son «vulnerables» debido a sus bajos ingresos, un índice de riesgo social que tiene mayor incidencia en las provincias de Ciudad Real y Cuenca y menor en Guadalajara. Así se desprende del diagnóstico que ha hecho de la región la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el marco del Plan de Garantías Ciudadanas puesto en marcha por el Gobierno regional el año pasado.

En rueda de prensa, la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha añadido que el 14,7 por 100 de los hogares de la comunidad -esto es, unos 30.000- son vulnerables y además en ellos viven menores.

Esta radiografía de Castilla-La Mancha también arroja que el 7,8 por 100 tiene carencia material severa; el 17 por 100 no puede mantener caliente la vivienda; y el 19,1 por 100 no llega a fin de mes, aspectos que se ven acentuados en esos hogares vulnerables, en los que la carencia material severa llega al 22,2 por 100 de ellos y las dificultades para mantener caliente la vivienda al 35 por 100.

En este diagnóstico, basado en el estudio de 1.300 hogares y más de 3.400 personas en 333 municipios de Castilla-La Mancha, se pone de manifiesto que el hogar mayoritario es el compuesto por dos miembros, detrás del cual estaría el de tres, siendo el tamaño medio de 2,5 integrantes por hogar.

El 27,6 por 100 de los hogares tiene al menos un menor de 18 años y el 37,2 por 100, al menos, un mayor de 64. Muchos, el 57,5 por 100, tienen una persona que al menos ha terminado el Bachillerato o estudios superiores.

Los hogares de la región están integrados, en un 83 por 100, por trabajadores asalariados. El 68 por 100 tiene la vivienda completamente pagada. De los que no, en el 75 por 100 de los casos el gasto de hipoteca o alquiler no llega al 30 por 100, siendo alrededor de 60.000 los hogares que tienen que dedicar un 40 por 100 o más a estos gastos.

Plan de Garantías Ciudadanas: 150.277 prestaciones y 100.000 beneficiarios

Por otro lado, Inmaculada Herranz ha dado cuenta del balance del Plan de Garantías Ciudadanas, un plan dentro del cual en 2017 se concedieron 137.571 prestaciones a 100.000 perceptores, de los cuales 46.670 son hogares con menores entre sus miembros.

De las 137.571 prestaciones nuevas en 2017, el programa de garantía habitacional asume un total de 11.936, el de suministros básicos del hogar 14.526 y el de garantía de rentas 111.109 prestaciones.

Las ayudas a arrendamiento han experimentado un incremento del 60 por 100 y se han introducido factores sociales a la hora de priorizar los recursos habitacionales ya sea por razones de violencia de género o cuestiones de peligro habitacional. En el programa de suministro del hogar, se ha registrado un descenso en el número de solicitudes presentadas, a las que se ha dado respuesta en su totalidad. Además, han aumentado los acuerdos de paralización de cortes de suministro y se ha reforzado la atención a través de las OMIC.

Respecto al programa de garantía de rentas, se mantiene el número de contrataciones realizadas, unas 14.300 cada año y se han reforzado las prestaciones vinculadas con la educación, que han pasado de 64.000 en 2016 a 79.000.

La consejera para la Coordinación de este plan ha destacado que uno de los elementos clave ha sido la integración de las medidas y de los instrumentos, para lo cual «se diseñó un sistema informático desde el que establecer las comunicaciones».

Toledo, acaparando un 37,3 por 100 de estas prestaciones, es la provincia más beneficiaria, seguida de Ciudad Real, con el 23,4 por 100; y de Albacete, con el 21 por 100. Más lejos están Guadalajara y Cuenca.

Por sexos, los perceptores son mujeres en un 53 por 100 y hombres en un 47 por 100.

Herranz ha comentado que hay personas que reciben más de una prestación. Ha dicho, por ejemplo, que dentro del programa de garantía habitacional el 9,3 por 100 de las personas que han recibido alguna ayuda para arrendamiento, eran también perceptores de ayudas de emergencia social.