Un agricultor español recibe de media entre un 73 por 100 y un 64 por 100 menos de ayudas agrícolas que un francés, alemán o británico, según la organización agraria COAG, que en un comunicado recuerda que esta semana es clave para sellar el acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
El análisis de los servicios técnicos de COAG sobre los datos de la Comisión Europea y el Gobierno español refleja, a su juicio, que la media anual por beneficiario en España se sitúa en 5.600 euros, mientras que en Francia se eleva por encima de los 20.000 euros, en Alemania de los 15.600 y en el Reino Unido, en torno a los 18.300 euros.
Según datos de la Comisión Europea, COAG ha indicado que en el ejercicio financiero 2011 en España hubo 909.000 perceptores de ayudas PAC, frente a los 372.000 de Francia, 334.000 de Alemania o los 179.000 de Reino Unido.
COAG ha considerado que, aunque en España hay más de 900.000 perceptores, los datos de la Seguridad Social, Encuesta de Población Activa y Fondo de Garantía Agraria (FEGA) «nos dicen que no hay más de 350.000 agricultores profesionales».
En su opinión, «este hecho perjudica a los agricultores y ganaderos profesionales de nuestro país, porque las ayudas se diluyen derivándose de forma indiscriminada a quienes no tienen la agricultura como actividad preferente».
Para COAG, «nuestros profesionales se encuentran en inferioridad de condiciones frente a los de otros países comunitarios».
«Llevamos años reivindicando una priorización de las ayudas PAC a los agricultores profesionales, los que trabajan de forma directa y personal en la explotación, generan empleo en el medio rural y producen alimentos de forma sostenible», ha insistido.
En este contexto, COAG ha pedido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete que, en el decisivo proceso de negociación que se inicia hoy en Luxemburgo, «defienda una reforma de la PAC que apoye un modelo social, profesional y productivo de agricultura».
Para ello, estiman «esencial» que «ser agricultor activo sea el requisito necesario para tener acceso al nuevo sistema de ayudas directas» y cuya definición responda a que al menos el 25 % de los ingresos totales debe provenir de la actividad agraria ejercida en la propia explotación.
La organización cree «prioritaria» la aplicación de una regionalización basada en criterios agronómicos, económicos, sociales y productivos en la aplicación del Régimen de Pago Básico (tasa plana) en España.
En referencia al denominado «greening» (pago adicional con fines medioambientales, que podría suponer el 30 % del total de ayudas), pide que los condicionantes verdes no obliguen al abandono de tierras productivas, ni supongan descensos de rentas.
Entre las peticiones de COAG están el mantenimiento a medio y largo plazo del sistema de cuotas de producción en remolacha azucarera y leche, y los derechos de plantación de viñedo; medidas para los ganaderos con escasa base territorial asociada y el fomento de la incorporación de jóvenes y mujeres al campo, ante el envejecimiento y masculinización del sector.
«Se deben potenciar las medidas agrarias de desarrollo rural, garantizando la aportación de Estado y comunidades autónomas para que no se pierdan recursos comunitarios», ha concluido.