La empresa Confecciones Corrochano no se ha personado en la vista judicial por la demanda por despido improcedente e impagos que han presentado los antiguos trabajadores de este taller mientras que Pull and Bear, también demandada, ha negado tener ninguna relación con los empleados. Se ha celebrado la vista en el juzgado de lo Social de Talavera, a cuyas puertas decenas de los antiguos trabajadores del taller Confecciones Corrochano de Talavera han vuelto a protestar con pancartas y pitidos. El juicio ha quedado visto para sentencia, que podría hacerse pública en el plazo aproximado de una semana o quince días.
Confecciones Corrochano cerró el pasado mes de julio tras 25 años trabajando para el grupo Inditex, 15 de ellos casi en exclusiva para su marca Pull and Bear, cuyos encargos suponían incluso el 99 por ciento de la facturación, según han explicado empleados de administración.
Por eso y por la forma de trabajar con supervisión absoluta de la producción por parte de la marca, los trabajadores han incluido a Pull and Bear en la demanda por despido improcedente y por impagos de una cantidad que ronda el millón de euros.
Dinero que responde a cuatro nóminas que se deben a unos 50 trabajadores desde julio de este 2011 y a la indemnización y los salarios de tramitación por despido improcedente.
Uno de los trabajadores ha contado a Efe que el propietario de Confecciones Corrochano se ha declarado insolvente y Pull and Bear ha defendido no estar vinculada más allá de una relación comercial de compra-venta de productos con esta empresa talaverana, por lo que prevé que el Fondo de Garantía Salarial será quien les termine pagando.
La acusación ha estado representada por abogados de UGT y CCOO, que han insistido en que «Confecciones Corrochano es parte de Pull and Bear» por una relación afianzada desde hace muchos años donde la multinacional marcaba la organización administrativa, funcional, productiva o de contabilidad, estando la empresa Talavera «a su disposición absoluta».
El abogado de UGT ha dicho que incluso Pull and Bear impuso un código de conducta, que había visitas periódicas de personal de la marca para indicar cómo hacer los pantalones, revisar las prendas y dar el visto bueno.
Según la acusación, todo el proceso estaba fijado por la marca, desde los patrones, el diseño o qué tejidos, etiquetas o botones querían, diciendo donde tenían que comprarlo, y en algunos casos siendo la propia Pull and Bear la que les vendía las telas.
Un comercial de Pull and Bear, Fernando García, ha testificado que sólo imponían los tejidos, dejando libertad para comprar donde quisieran el resto de elementos, siempre que respondieran a sus gustos y criterios, aunque un ex trabajador de Corrochano, Javier Arriero, le ha desmentido, afirmando que «no había libertad de elección de los proveedores».
Arriero ha hablado de contactos telefónicos directos con Pull and Bear, de que tenían prohibido algunos proveedores y otros les eran impuestos aunque incrementaran los costes, y que aunque los meses anteriores al cierre pasaban días parados por falta de pedidos, muchos de los que hacían últimamente eran arreglos de prendas con defecto de la marca hechos en China o Marruecos.
Para CCOO, lo sucedido es «un ERE encubierto» del que tiene responsabilidad Pull and Bear que ha dejado de mandar pedidos para deslocalizar su producción, que ahora se realiza en Portugal, según ha dicho otro empleado de esta cadena de tiendas.
La defensa de Pull and Bear ha sostenido que se encontraron con el cierre inesperado de Confecciones Corrochano «de un día para otro y sin previo aviso» y afirma que este era uno de los muchos talleres con los que trabajan, pues se dedican a la venta de ropa y no a la confección.
La abogada ha afirmado que desde Corrochano «nunca han prestado servicio para Pull and Bear», que solo les compraba un producto, y que por tanto, desconocen «sus circunstancias laborales».
En las conclusiones finales los abogados defensores de los trabajadores han considerado que Corrochano no existe a nivel organizativo de manera independiente más allá de Pull and Bear, cuya abogada consideró que si las máquinas y la fábrica eran suyas, el taller podía trabajar para otros clientes como ya hacía, aunque fuera en cantidades testimoniales.
«No se nos puede imputar ser culpables del cierre de una empresa, porque les hemos seguido mandando trabaja y porque nadie les impide trabajar para otros», expresó la defensa de la marca textil.