La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha destacado que mientras ella sea presidenta de la comunidad autónoma, Castilla-La Mancha no tendrá las competencias en materia de justicia.
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Así lo ha destacado Cospedal en su intervención durante la inauguración de las jornadas anuales de presidentes de audiencias provinciales de España, que se desarrollan hasta el miércoles en Toledo y que han sido abiertas por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner.
Cospedal ha recordado que Castilla-La Mancha no tiene recibidas las competencias de justicia y ha añadido: «ni lo va a hacer, al menos mientras yo sea presidenta de esta comunidad autónoma».
Cospedal también ha dicho a los presidentes de las audiencias provinciales que la Justicia tiene la «obligación» de adecuarse a los tiempos y responder a la exigencia, cada vez mayor, de los ciudadanos de ser «rápida, eficaz, didáctica y ejemplar».
Ha precisado que desde el nacimiento de las audiencias provinciales en el siglo XIX hasta hoy muchas cosas han cambiado en el ordenamiento jurídico español y, también, en la percepción de los ciudadanos sobre la administración de justicia y lo que ha de ser la justicia.
A su juicio, la justicia debe ser «predecible» porque eso es una garantía de igualdad entre todos los ciudadanos y porque tratar situaciones semejantes de igual manera es «absolutamente fundamental».
También ha insistido en que la justicia debe ser rápida y aquí ha introducido la necesidad de tener en cuenta las circunstancias económicas, la productividad y la «complejidad» de un mundo globalizado actual.
Cospedal también ha considerado «urgente» dotar de un estatuto orgánico al cuerpo de jueces y magistrados y ha subrayado que espera que las reformas que se están planteando en la justicia, tanto en el ámbito orgánico como en el material, salgan «con el consenso de todos los operadores jurídicos».
Respecto al trabajo que realizan las audiencias provinciales, ha destacado que son la manera «más real» en que los ciudadanos perciben la administración de justicia teniendo en cuenta que más del 90 por ciento de los asuntos penales y civiles terminan, en última instancia, en las audiencias provinciales.
Por su parte, Gonzalo Moliner ha dicho a preguntas de los periodistas sobre las transferencias de justicia: «si el que recibe tiene posibilidades de dar esa colaboración necesaria, perfecto. Si no está en condiciones de recibirla, es mejor que se las quede el Ministerio de Justicia».
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