El Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar la ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 21 de febrero por el que se clausura un tramo ferroviario entre Tarancón (Cuenca) y Utiel (Valencia) en la línea Aranjuez (Madrid)-Valencia Fuente de San Luis, a petición de once municipios afectados.
Municipios de las provincias de Cuenca, Valencia y Madrid pidieron la suspensión cautelar al entender que si se ejecutase lo acordado se causaría un grave perjuicio por cuanto la infraestructura sería suprimida y retirada del trazado impidiendo que en el supuesto de una eventual estimación de los recursos contra el acuerdo el servicio de tren en la línea pudiera restablecerse.
El Supremo señala en un auto que los recurrentes llevan razón cuando sostienen que la ejecución del acuerdo impugnado conlleva un perjuicio de difícil reparación para sus intereses.
«Ciertamente de llevarse a cabo su efectividad podría implicar el desmantelamiento de la infraestructura que transcurre por los términos municipales de los ayuntamientos recurrentes dificultando en el futuro que pudieran retomarse las operaciones ferroviarias«, fundamenta.
Los ayuntamientos recurrentes son el madrileño de Aranjuez, el toledano de Santa Cruz de la Zarza, los conquenses de Arguisuelas, Cañada del Hoyo, Carboneras, Castillejo del Romeral, Huete, Vellisca, Villora y Yémeda y el valenciano de Camporrobles.
Los ayuntamientos buscan que se declare nula el cierre de la línea
El tribunal recuerda que la pretensión principal que ejercitan los entes locales en este proceso consiste en que se declare la nulidad de la decisión de clausura del tramo y la continuidad del servicio ferroviario en tales municipios. «Si se estimara dicha pretensión de nulidad en la sentencia que se dicte es claro que la eliminación de los elementos que conforman la infraestructura dificultaría o haría imposible la reanudación del servicio o exigiría una cuantiosa y excesiva inversión para su restablecimiento», destaca el auto.
Los magistrados tienen en cuenta además que el mantenimiento de la vía ferroviaria ya instalada no causa un perjuicio a la Administración del Estado.
Según informó el Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de febrero habilitar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a financiar las actuaciones previstas para la ejecución de un proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de Cuenca tras aprobar la clausura del citado tramo Tarancón-Utiel.
Dentro de dichas actuaciones el Ejecutivo destacó por ejemplo el convenio en el que estaba trabajando ADIF con la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Cuenca para construir un vial que mejore la conexión de la estación del AVE con esta ciudad, los relativos a la rehabilitación de estaciones existentes en el trayecto y los de la utilización de la traza de la vía para uso turístico.