El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del Gobierno regional a la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra la Junta y la empresa promotora de la macrogranja Hermanos Matas de Huerta SL a raíz de una demanda del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey, por incumplir la normativa ambiental en la autorización de una macrogranja en Huerta de la Obispalía.
Así consta en la providencia del Tribunal Supremo que ha enviado a los medios Pueblos Vivos de Cuenca que apunta que la inadmisión del recurso se basa en la «falta de fundamentación suficiente» del mismo y en que no encaja en la figura legal de «recurso de casación» ya que estos se refieren «a la valoración de los hechos y las pruebas, pero no a asuntos procesales».
Una sentencia del 2018 condenaba a la Junta por el mismo hecho y empresa
La asociación indica que la localidad de Torrejoncillo del Rey ya sufría los efectos de otra macrogranja de la misma empresa, que había contaminado el acuífero con nitratos, según la sentencia de 2018 del TSJCM y, por ello, las fuentes de abastecimiento a la población habían dejado de ser potables.
«Aun así, la Junta recurrió dicha sentencia ante el Tribunal Supremo, que ahora no admite el recurso a trámite», añade.
En este sentido, Pueblos Vivos de Cuenca recuerda que en enero de 2018 el TSJCM emitió una sentencia que condena a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por otorgar Autorización Ambiental Integrada (AAI) a otra macrogranja porcina también propiedad de la empresa Hermanos Matas de Huerta SL.
«Sin embargo dicha sentencia fue incumplida por la Consejería de Agricultura Agua y Desarrollo Rural, posicionándose a favor de la empresa infractora y acelerando los trámites para una nueva AAI, lo que supuso que en la práctica no hubo ni un solo día de paralización de la actividad de la macrogranja condenada», señala la asociación.
Así, añade que esta empresa cuenta con un total de cinco explotaciones en Huerta de la Obispalía que suman 22.000 plazas de cebo y 2.500 madres. Para el presidente de Ecologistas en Acción de La Manchuela, Toni Jorge, «la Junta, rompiendo el principio de seguridad jurídica y de imparcialidad, en vez de defender el bien común, se pone de nuevo del lado de una empresa infractora».
«Denunciamos el escaso compromiso del Gobierno regional en defender nuestros recursos naturales y en especial el agua de nuestros acuíferos que están altamente contaminados.
Por este tipo de acciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en marzo por incumplir las obligaciones de la normativa de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos en ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, mencionada 26 veces en la sentencia por diversos incumplimientos de directivas europeas, ha concluido.