El Gobierno de Castilla-La Mancha se suma a la Declaración de Mérida, promovida por la Fundación Triángulo, que recoge el compromiso de las instituciones públicas en materia de derechos humanos LGTBI en el mundo.
De esta forma, la región se suma a las 37 instituciones de toda España que ya la han suscrito y que ascenderán a 60 cuando finalice este año.
Las consejeras de Igualdad y de Bienestar Social, Blanca Fernández, y Barbará García respectivamente, y los representantes de la Fundación Triángulo, Maribel Blanco y José María Núñez, han sido los encargados, este jueves, de firmar esta declaración.
El Colectivo LGTBI+, clave en la estrategia regional de Cooperación
Fernández ha explicado que, aunque la firma de esta declaración sea simbólica, obliga a la gobierno regional a desarrollar su estrategia de Cooperación al Desarrollo, con perspectiva de género y con proyectos sobre la defensa de los derechos de las personas LGTBI.
Con la adhesión a esta declaración se comprometen «a que la perspectiva de género y la lucha por la defensa de los derechos de las personas que componen el colectivo se refleje de forma explícita en la primera Estrategia Regional de Cooperación, en la que estamos trabajando”, según García.
Se trata de una estrategia sobre la que se sustentarán, posteriormente, las distintas convocatorias de subvenciones de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo.
En la elaboración de esta estrategia, según ha avanzado la titular de Bienestar Social, participará el colectivo LGTBI de forma activa, “como uno de los actores clave”.
Para ello, ha explicado que contactarán con ellos, para que puedan hacer aportaciones, como instrumento de planificación y desarrollo de la Cooperación.