lunes, 25 de noviembre de 2024
Critican la dejadez de las administraciones 05/06/2014junio 9th, 2017

Colectivos ciudadanos de Toledo han denunciado hoy ante la Fiscalía General del Estado la acumulación de residuos de amianto en una zona situada a 300 metros del barrio residencial del polígono de Santa María de Benquerencia y en el cauce del río Ramabujas, que desemboca en el Tajo.

La denuncia ha sido presentada esta mañana al fiscal jefe de la Sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado por representantes de la Asociación de Vecinos del Tajo, de la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo, de Ecologistas en Acción y de Izquierda Unida-Los Verdes.


Según han indicado en una nota de prensa, han tomado la decisión de presentar la denuncia porque entienden que «las distintas Administraciones han hecho dejadez de su responsabilidad», al no haber atendido las peticiones de que se retiren estos residuos.

Las Administraciones han hecho «oídos sordos a las reiteradas denuncias formuladas por distintos colectivos ciudadanos en los últimos años», han asegurado los promotores de la iniciativa, que han decidido ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General del Estado en el «Día Mundial del Medio Ambiente».

En su denuncia, han avisado sobre la acumulación de gran cantidad de restos de fibrocemento que se encuentran al aire libre a tan solo 300 metros de viviendas habitadas y en el cauce del río Ramabujas.

Este tipo de fibrocemento dejó de fabricarse en la década de los 90 del pasado siglo por su peligrosidad, ya que contenía elementos cancerígenos como el amianto «y fueron depositados ilegalmente por la fábrica Ibertubo en fincas privadas y en zona de dominio público del arroyo Ramabujas», según los denunciantes.

En este sentido, han destacado que en el desmantelamiento de factoría se tomaron grandes medidas de seguridad durante su manipulación y posterior enterramiento, «evidenciando su peligrosidad para el medio ambiente y sobre todo, para las personas.

Por este motivo, han solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue y que «en su caso, exija las responsabilidades que correspondan para subsanar esta situación».

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