La empresa Radiodifusión Digital ha denunciado ante la Comisión Europea (CE) que el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha recuperado, pasado un año, las ayudas «ilegales» por valor de unos 55 millones de euros que concedió a varios operadores para el despliegue de la TDT en la comunidad.
El administrador de la empresa, Ignacio Sánchez Pasquín, ha explicado a Efe que la denuncia -interpuesta el 9 de octubre de 2015- se produce un año después de que la CE declarase que esas ayudas son incompatibles con la ley comunitaria, pues implican un «discriminación entre distintos operadores terrestres».
La resolución de la Comisión Europea se produjo tras la investigación abierta como consecuencia de la denuncia sobre la ilegalidad de estas ayudas que formuló en el año 2009 Radiodifusión Digital, empresa dedicada a prestar el servicio de red de telecomunicaciones a emisoras de radio y televisión en toda España.
La CE determinó que las ayudas eran ilegales y debían ser devueltas por las empresas Telecom CLM -principal beneficiaria y participada por la Junta-, Abertis e Hispasat en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la decisión.
En la nueva denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, Radiodifusión Digital expone que se ha incumplido la resolución y añade que el Gobierno de Castilla-La Mancha le ha negado aparecer como parte interesada en el procedimiento, pese a ser denunciante.
Precisamente, esta empresa también ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ante la negativa de la Junta a ofrecer información sobre si se han devuelto las ayudas.
Según la resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno regional del 18 de septiembre de 2015, a la que ha tenido acceso Efe, las alegaciones de esta empresa para aparecer como parte interesada son «meramente gratuitas y sin fundamento jurídico», pues «es patente que Radiodifusión Digital no es parte en el proceso de recuperación de las ayudas declaradas ilegales».
Añade la Junta de Comunidades que las autoridades españolas y la propia Junta, que materialmente otorga las ayudas, «son conscientes de la ejecutividad de las decisiones de la Comisión y es la propia Comisión Europea y no Radiodifusión Digital SL el organismo que vela por su cumplimiento».
Sánchez Pasquín, sin embargo, ha rechazado estos argumentos y ha opinado que «cualquiera tiene derecho a conocer cómo y cuándo se recupera el dinero público».
Con ello, Radiodifusión Digital pide a la CE tener información sobre la devolución de las ayudas y que se interponga recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) para que declare que España ha incumplido sus obligaciones sobre las ayudas concedidas por las autoridades de Castilla-La Mancha para el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT) en zonas remotas y menos urbanizadas de la comunidad.
Del mismo modo, reclama que se investigue si las autoridades públicas españolas están definiendo un nuevo marco para soslayar el cumplimiento de la resolución de la CE.