El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado el recurso presentado por el taller de arquitectos Sánchez Horneros contra la licitación de obras y los pliegos del nuevo Hospital de Toledo y ha levantado la suspensión del procedimiento de licitación.
El Tribunal subraya en su resolución que es «improcedente» examinar en esta causa la resolución del contrato de obras del Hospital de Toledo con el taller Sánchez Horneros, que fue resuelto en abril de 2012.
El taller de arquitectura había presentado a finales de agosto un recurso contra la resolución del Sescam del 6 de agosto anunciando la licitación del contrato para la construcción, conservación y explotación del nuevo Hospital de Toledo.
El 15 de septiembre el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales concedió la medida provisional de suspender el procedimiento de contratación a petición de los arquitectos, pese a lo cual el Sescam mantuvo los plazos de presentación de ofertas para construir el centro hospitalario, que concluyó ayer.
En la resolución, que lleva fecha del 26 de septiembre, el Tribunal argumenta que el contrato que los arquitectos tenían con el anterior adjudicatario de las obras es «una situación previa», que fue resuelta en 2012 aunque Sánchez Horneros interpuso una demanda civil en los Juzgados de Toledo reclamando cantidades pendientes.
«Es del todo improcedente, como pretende el recurrente, que este Tribunal entre a examinar una cuestión, como la pertinencia o no de la resolución del contrato en cuestión o las cantidades pendientes tras su resolución, que nada tienen que ver con los actos impugnado y que, a mayor abundamiento, se encuentran bajo pendencia judicial», indica en la resolución.
El Tribunal ha levantado la suspensión del procedimiento de licitación y no impone sanción al no apreciar que concurra «mala fe o temeridad» en la presentación del recurso.
Esta resolución se conoce un día después de concluir el plazo para presentar ofertas para el nuevo hospital, aunque el Sescam ha dado un margen de diez días para que llegue la documentación de posibles empresas que la hayan presentado en cualquier otro registro del territorio nacional.
La primera empresa en presentar ofertas para este proyecto es la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por OHL, Acciona y ACS/Dragados.