La Policía Nacional de Ciudad Real ha detenido a cinco personas como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, amenazas graves y coacciones después de que éstos amenazaran a una pareja para que abandonase la vivienda en la que residían como arrendatarios.
Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en un comunicado, estas personas actuaron por encargo de la propietaria de la casa e hicieron uso de un plan preestablecido.
La víctima que denunció los hechos llegó a temer tanto por su vida como por la integridad de su pareja y la de su hija, ya que, en las inmediaciones de su domicilio, fue retenido en contra de su voluntad y amenazado de muerte.
La detención de estas personas se produjo tras la investigación inicia a raíz de que la víctima denunciara que cuando se encontraban en su domicilio, recibió una llamada indicándole que el piso en el que residían se había vendido.
Cuando contactó con estas personas para aclarar lo de su vivienda, fue abordado por dos varones y dos mujeres, que le conminaron a abandonar la vivienda a la vez que le amenazaron, entre otras, con partirle las piernas si no se marchaba de inmediato del piso.
Ante esta situación, y para evitar ser agredido, el denunciante trató de volver a su casa, aunque, ha señalado la Delegación del Gobierno, «le fue imposible por la actuación de estas cuatro personas, ya que fue retenido a la entrada de la misma».
Atemorizado por las consecuencias de las amenazas y coacciones proferidas en la puerta de su domicilio, éste se comprometió a abandonar el piso, lo que llevó a cabo movido por el miedo.
Las pesquisas realizadas por la policía permitieron identificar a estas personas que, posteriormente, fueron detenidas.
La quinta persona detenida fue la propietaria de la vivienda, pues los agentes llegaron a la convicción de que encargó a los ahora detenidos la desocupación de la vivienda, haciendo que las personas que legítimamente lo tenían alquilado tuviesen que marcharse.
El motivo de todo ello fue el retraso en el pago de dos mensualidades y, previamente, ya se les habían cortado los suministros básicos de luz y agua sin previo aviso, con la intención de forzar su marcha.
La investigación fue llevada a cabo por las Brigadas Provinciales de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana, ambas pertenecientes a la Comisaría Provincial de Ciudad Real.