«Asistimos en estos momentos a una agresiva campaña de propaganda oficial, en la que el discurso del Gobierno y del Partido Popular se centra en exclusiva en airear los supuestos logros de su política de recortes, con la que estarían consiguiendo, según dicen, que la economía pase de la recesión al crecimiento y, por tanto, que gracias a las reformas impulsadas por los gobiernos de Rajoy y de Cospedal encaramos una época de recuperación y dejamos atrás lo peor de la crisis económica.
Se oculta en esta explicación, más propia de las grandes operaciones de propaganda, que la mejora de los indicadores macroeconómicos tienen que ver con la flexibilización de los objetivos de déficit para España y con la intervención decidida del BCE, que mejoró notablemente la prima de riesgo. A pesar de todo ello, la mejora de los indicadores macro no tiene reflejo en una mejoría económica en las empresas, en el empleo, el crédito y las familias, que en absoluto perciben la salida de la crisis que tanto se esfuerzan el Gobierno y el Partido Popular en propalar.
Sin embargo, el efecto de las reformas y de las políticas de ajuste, impuestas sin consenso ni diálogo social alguno, a lo que están contribuyendo es a un avance imparable del desempleo, la pobreza, la desigualdad y la precariedad. Es decir, efectos muy concretos sobre la vida y los derechos de las personas, y de forma colateral con el deterioro imparable de los servicios públicos esenciales, a pesar de negarse de forma reiterada y, a veces, descarada.
Los datos de la situación económica y social de Castilla-La Mancha desmienten por si solos el grandilocuente discurso oficial de la presidenta Cospedal y de los dirigentes del PP en nuestra comunidad autónoma. Nuestra región se encuentra en una situación sumamente preocupante, fruto de las fracasadas recetas que sacralizaron como único objetivo la reducción del déficit y su consecución en un tiempo record. El objetivo, que se articuló mediante un Plan Económico Financiero, supuso un ajuste presupuestario cercano a los 2.200 millones de euros, lo que afectó al conjunto de las políticas de gasto e inversión con unos efectos demoledores en los servicios esenciales, como la sanidad, la educación, los servicios sociales y el empleo, tanto público como privado.
El deterioro de nuestra economía a lo largo de los años de crisis está afectando gravemente a la ciudadanía, a las empresas y a las instituciones. Ello se manifiesta en el alarmante empeoramiento del mercado de trabajo: 286.100 parados, un 29,16% de la población activa, de los que 128.000 carecen de cobertura por desempleo; aumento del número de hogares con todos sus miembros en paro, que ya alcanzan el 15,77% en el conjunto de la región, lo que los sitúa al borde de la exclusión social; y una tasa de paro juvenil del 57,88%.
El hundimiento del consumo y de la actividad económica se ha puesto de manifiesto con una caída del PIB en el año 2012 del -3,1%, frente al -1,6% en el conjunto de España, dato ya consolidado; y, a juzgar por la caída del -1,2% del PIB en 2013 en el conjunto del país, es de esperar para Castilla La Mancha una cifra que podría duplicar la media nacional.
A pesar del nuevo paradigma del emprendimiento, la destrucción de empresas en los últimos años alcanza las 13.418, un 9,71% del total. Al mismo tiempo, nuestro PIB per cápita ha pasado de representar el 81,7% sobre la media nacional en 2008 a un 79,4% en 2012, haciéndose más profundos los diferenciales históricos de convergencia económica y social.
Paralelamente, el deterioro de las cuentas públicas, con una caída espectacular de los ingresos, ha disparado el endeudamiento de Castilla-La Mancha a 10.308 millones de euros, lo que representa un 28,7% del PIB, siendo la comunidad autónoma más endeudada, sólo superada por Valencia.
Y todo ello en ausencia de diálogo social alguno que pudiera hacer frente a la situación de emergencia que está provocando la crisis económica. El valor del consenso y de la contribución de los agentes sociales está siendo despreciado por este gobierno de forma manifiesta, a pesar de los sucesivos emplazamientos a ello. Una única reunión de la presidenta con los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios y más representativos en la región en toda la legislatura es indicativo de la falta de voluntad de establecer acuerdos sobre las grandes líneas de la política económica y presupuestaria en Castilla-La Mancha.
Para completar el preocupante cuadro hay que añadir la clamorosa ausencia en la dirección de la gestión de Gobierno de la presidenta Cospedal. Ausencia que se conjuga mal con la dicotomía que la hemos escuchado recientemente: «el Partido Popular o la nada», ya que, me permito recordarle respetuosamente, que de seguir así, su evanescente figura en estas tierras corre el riesgo de representar a la vez el espíritu del Partido Popular y la nada».
Juan José González Rodríguez, secretario de Política Institucional y Comunicación de CC.OO. CLM.