Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha asegurado que la región está en riesgo por las deficiencias que la nueva Ley de Evaluación Ambiental introduciría en proyectos como el Almacén Central Temporal Centralizado (ATC) o los de extracción de gas no convencional conocidos como fracking.
Los ecologistas han indicado en un comunicado que la evaluación de impacto ambiental en España, al hilo de lo acaecido en el proyecto «Castor», «no valora el riesgo ambiental, o no se evalúa o no se considera por las administraciones responsables».
Como consecuencia de ello, han recordado, queda claro que en proyectos como el de «Castor» el nivel de impacto que podía generar la inyección de gas en la plataforma continental del entorno del Delta del Ebro no se evaluó correctamente, ni se consideró como debiera a la hora de aprobar el proyecto.
Esto mismo, han señalado, puede ocurrir en Castilla-La Mancha con proyectos como el ATC o el fracking si, además, estos días se aprueba la nueva Ley Estatal de Evaluación Ambiental que, han dicho, «supone un peligro paso atrás en esta materia».
Situaciones como el terremoto de Lorca, desecación e incendios de las Tablas de Daimiel, inundaciones, incidentes en las centrales nucleares o incendios forestales son ejemplos que Ecologistas en Acción recoge en un informe para ilustrar las deficiencias en los procesos de evaluación ambiental previos de esos proyectos.
También se centra en las nuevas amenazas que representan el fracking o el cementerio de residuos nucleares de Villar de Cañas.
En ellos, han indicado, «se revela que tanto el Estado como las comunidades autónomas actúan con ligereza, cuando no con manifiesta negligencia, a la hora de abordar los riesgos ambientales».
La presión de intereses económicos y políticos se deja sentir en todo el proceso de evaluación ambiental y condiciona muchos estudios técnicos que, a veces, incluso se obvian en la tramitación, han subrayado, «determinando el sentido de las declaraciones de impacto ambiental y de las resoluciones aprobatorias, especialmente de los proyectos más conflictivos».
Ecologistas, ante esta circunstancia, ha pedido medidas concretas que se incorporen a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, así como un cambio de actitud en los Gobiernos y en las administraciones para actuar «con el rigor y la ecuanimidad necesaria en la toma de decisiones sobre proyectos con riesgos ambientales».
Entre otras medidas plantea que se incorpore como un elemento preceptivo en el contenido de los estudios de impacto ambiental la evaluación de los riesgos ambientales y para la seguridad y salud de las personas, sean de origen natural o antrópico.
También que sea preceptiva la consulta previa a las distintas administraciones y personas físicas o jurídicas interesadas o afectadas por un proyecto en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, tal y como ocurría hasta ahora.
Ecologistas en Acción trasladará a los grupos parlamentarios y al Gobierno estas propuestas para su incorporación a la nueva Ley de Evaluación Ambiental, así como la petición de que se cree un grupo de trabajo para abordar con mayor amplitud esta cuestión en otras normativas asociadas, como la de responsabilidad ambiental.