Una de cada tres personas en situación de dependencia, un total de 312.244, se encuentran en España en lo que se denomina limbo de dependencia, esto es, tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del sistema pero aún no se les ha aprobado el programa individual de atención (PIA) que les permite recibir de forma efectiva estos servicios o prestaciones. En Castilla-La Mancha este porcentaje de personas en el limbo es del 30 por 100, siendo los más preocupantes los datos de Canarias (58 por 100), Galicia (45 por 100) y la Comunidad Valenciana (42 por 100).
Según se desprende de un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en la región hay 39.081 personas atendidas y 55.832 con derecho reconocido. Además, con fecha de noviembre de 2011, había 85.196 dictámenes realizados y 91.079 solicitantes acumulados.
Desde esta asociación destacan lo preocupante que resulta que la tendencia desde mayo de este año haya sido decreciente en el número de beneficiarios y que en el último mes la variación haya sido incluso negativa, «de lo que se deduce que el ritmo de mortalidad de los dependientes es superior al ritmo de incorporación de nuevas atenciones». Así, en el último semestre de 2011, en la mayoría de las comunidades autónomas, se ha paralizado el ritmo de crecimiento en cuanto a la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema, en otras ha crecido moderadamente (País Vasco, Andalucía, Madrid, Castilla y León) y en otras ha decrecido, ni siquiera se está manteniendo la denominada tasa de reposición (Aragón, Valencia, Asturias, Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha). «Los que mueren son los que reciben las atenciones más costosas (grandes dependientes) y eso produce una rebaja en el gasto ya que no se incorporan en el mismo ritmo las personas que se les ha reconocido el derecho ni se producen revisiones de grado que renueven la tasa de atención a grandes dependientes». El estudio deja constancia de que en el año 2011 se ha producido una reducción de 60.000 grandes dependientes; «por primera vez en la historia de la Ley de Dependencia los datos de diciembre de 2011 demuestran que en este mes se ha reducido el gasto en el Sistema de la Dependencia con respecto al mes anterior».
El colectivo de directores y gerentes en Servicios Sociales cree que es prioritario eliminar el limbo de la dependencia y exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la ley; modificar el modelo de financiación, que la financiación se determine en función del coste efectivo de los servicios y prestaciones económicas que se proporcionan e incentivar los recursos profesionales de la ley; y evitar el sobredimensionamiento de la prestación económica con cuidados en el entorno familiar y cuidador no profesional. En su opinión, hay que conseguir que el desarrollo de la Ley de Dependencia se considere por los gobernantes, no como un gasto, sino como una inversión social que ha estabilizado más de 150.000 puestos de trabajo y puede generar otros 150.000.