El Ayuntamiento de Toledo pedirá al Catastro que determine las consecuencias que tendrá una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que sienta jurisprudencia sobre las recalificaciones de suelo rústico, ya que afecta a una normativa estatal que repercutirá en todas las administraciones del Estado.
Así lo ha indicado hoy el portavoz del equipo de gobierno, Rafael Perezagua, a preguntas de los periodistas sobre la sentencia en la que el TS ha determinado que los suelos urbanizables que no estén en fase de desarrollo mantienen, a efectos impositivos, la condición original de suelos rústicos.
Perezagua ha dicho que el Supremo ha querido con esta sentencia «sentar una cierta doctrina uniforme» sobre una materia que está relacionada con una legislación estatal, no con normas locales ni tan siquiera autonómicas.
Según Perezagua, el Supremo no aclara en la sentencia cuál es la aplicación concreta y por lo tanto el Catastro deberá reconsiderar sus valoraciones y comunicar que efectos tendrá.
A su juicio, corresponde al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, determinar el alcance de un asunto «que tiene una dimensión muy importante».
Ha señalado que la sentencia afectará a más de 900.000 propiedades en España, según advirtió el abogado del Estado al interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, de las cuales menos de un centenar están en Toledo y otro número similar en Talavera de la Reina.
«Toledo y Talavera son granitos de un gran granero que tienen que trabajar Rajoy y Montoro», ha aseverado Perezagua, quien ha apuntado que según el abogado del Estado: «la generalización del criterio pone en cuestión la correcta aplicación de la totalidad de las ponencias de los valores totales y parciales que el Catastro ha hecho en toda España».
En este sentido, ha advertido que la sentencia afecta al Estado y a las comunidades autónomas, porque el valor catastral se tiene en cuenta en el IRPF, y en impuestos como el de patrimonio y en el impuesto de transmisiones que gestionan los gobiernos autonómicos.
A su vez, el Consistorio toledano ha sido uno de «los muchísimos ayuntamientos de España» que tramitó el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) «de acuerdo a los valores catastrales, a lo que el Catastro determinó en su día» y, por lo tanto, si la sentencia cuestiona ejercicios anteriores «tendrá que ser el Gobierno de España el que tendrá que decir a los municipios cómo actuar», ha insistido.
«Es un problema de una gran envergadura, por lo tanto el Catastro debe determinar las repercusiones y las consecuencias», ha reiterado Perezagua, quien ha añadido: «actuaremos haciendo lo que se señale por parte del Gobierno de España».
Asimismo, Perezagua ha opinado que, en la misma medida que se resarza a los particulares, «habrá que resarcir también a los ayuntamientos, que también son víctimas de esta situación».
Los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el propio Estado: «somos tan víctimas como los propietarios del suelo y por lo tanto el Gobierno central deberá determinar como se van a resolver los desequilibrios presupuestarios o económicos que pueda producir en las haciendas locales de España».
No obstante, ha aclarado que en el caso de Toledo este asunto está resuelto en 2014, puesto que: «la ponencia parcial que hizo la Gerencia del Catastro ha hecho que los valores del suelo urbanizable se hayan ajustado prácticamente al valor del suelo rústico».