Los servicios jurídicos de la Junta han elaborado un informe en el que consideran que la modificación de estatutos de la Fundación Caja Castilla-La Mancha (CCM) que realizó el anterior gobierno socialista «no se ajusta a derecho», una conclusión que da la razón al recurso que presentó el PP en 2010.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, reunido hoy, ha dado por bueno el informe de los servicios jurídicos, según ha explicado el consejero portavoz, Leandro Esteban, quien ha subrayado que ahora los tribunales «tendrán que poner fin por sentencia» a la resolución aprobada por la Consejería de Economía y Hacienda en septiembre de 2010, dirigida en ese momento por María Luisa Araújo.
Esteban ha explicado que los servicios jurídicos basan la nulidad de la modificación de estatutos en que no se sustenta en lo que acordó la asamblea general de CCM el 30 de julio de 2010, cuando la caja aprobó su incorporación al grupo Cajastur.
Según el consejero portavoz, la asamblea determinó que la Fundación CCM estaría formada por nueve patronos que representasen a las entidades fundadoras, lo que cambió después la Consejería de Economía, quien determinó que el patronato se constituyese por 30 personas, «no por entidades».
«Contraviene el mandato de la asamblea general, la ley cajas y la ley de fundaciones», ha dicho Esteban, quien ha insistido en que el informe jurídico de la Junta «da la razón a aquellas personas que impugnaron la resolución» y determina que la resolución de la Consejería era «un fraude de ley», «contraria a las leyes».
Esteban ha afirmado que este informe «deja expedito el camino para que la justicia pueda determinar concluyendo que la Fundación CCM estaba constituida de forma ilegal».
Así, ha subrayado que sigue la búsqueda de responsabilidades de los antiguos gestores de CCM porque, ha recordado, que los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad.
Cuatro representantes del PP recurrieron la decisión del gobierno socialista de modificar los estatutos de la Fundación CCM por entender que era «ilegal», lo que después rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al considerarlo «inadmisible».
El TSJ aceptó las alegaciones de la Junta de que el procedimiento de inscripción de la Fundación Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha en el Registro de Fundaciones era un «acto de trámite, cuyas características ni siquiera se concretan».