Los agricultores de Castilla-La Mancha fueron los que dejaron de percibir una cantidad más elevada de la campaña 2010-2011 de ayudas directas de la UE (pago único), concretamente 5,49 millones de euros, porque la administración «no encontró» las superficies agrícolas declaradas por el productor o bien debido a las sanciones tras los controles realizados al sector.
A nivel nacional los importes no abonados ascienden a algo más de 13,75 millones, según recoge el informe estadístico sobre controles de la campaña 2011 publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Dicho informe detalla que a nivel general se presentaron 904.142 solicitudes de ayudas del pago único (ayudas directas) con un índice de errores manifiestos del 0,66 % (6.000), con lo que se mejora el resultado de 2010, cuando este porcentaje alcanzaba el 1,25 %.
De esos 13,75 millones de euros que el campo dejó de cobrar, 8,32 millones de euros corresponden a importes no abonados por superficies no encontradas y 5,43 millones más a importes no pagados por aplicación de sanciones.
Las principales partidas no abonadas afectaron, además de Castilla-La Mancha, a Andalucía (2,76 millones), seguidas a cierta distancia por Extremadura (969.911), Galicia (867.867), Comunidad Valenciana (862.240 euros), Castilla y León (791.137 euros) y Aragón (748.530 euros), entre otras.
Sobre las causas de estos impagos, el FEGA constata que es en Castilla-La Mancha donde es más alto el importe no abonado por superficie no encontrada en los controles -respecto al total nacional representa el 56,2 %- seguida de Andalucía, con el 16,2 %, Extremadura, con el 5,2 %, Comunidad Valenciana con el 4,9 % y Aragón, con el 4 %.
En cuanto a los importes no abonados por aplicación de las sanciones previstas en el artículo 58 del Reglamento (CE) 1122/2009, Andalucía tiene el monto más alto, con el 26 % del total nacional, seguida de Castilla-La Mancha (14,9 %).
El importe de Galicia en este mismo capítulo supone el 10,6 %, el de Extremadura, el 9,8 % y el de Castilla y León, el 9,4 %, mientras que el correspondiente a la Comunidad Valenciana representa el 8,3 % y el de Aragón el 7,6%, según el FEGA.