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25/05/2015junio 8th, 2017

La Comisión del Estatuto del Diputado se reúne mañana, 26 de mayo, para estudiar si accede a la solicitud del PSOE y la Izquierda Plural de que sean investigadas las actividades profesionales privadas de los diputados del PP Agustín Conde y Vicente Martínez Pujalte.

Desde hace semanas ambos grupos habían pedido sin éxito la convocatoria de una reunión de esta comisión, presidida por el diputado del PP, Aurelio Romero, y que se encarga de autorizar las actividades privadas de los diputados.


Ante la falta de respuesta, el pasado martes PSOE e IU-ICV pidieron amparo al presidente del Congreso, Jesús Posada, que les comunicó que la reunión sería ya la próxima semana, pasadas las elecciones autonómicas y municipales.

Un hecho al que ha restado importancia el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, que ha querido separar estos casos de la pugna electoral.

«Nos da igual que se haya querido llevar la Comisión para después de las elecciones porque creemos que no es un tema electoral, es un tema legal, de legalidad y de cumplimiento del Reglamento y porque creemos que se ha vulnerado la legalidad e incumplido el Reglamento», ha asegurado Hernando esta semana.

El portavoz socialista confía que «aunque sea tarde» la comisión autorice que Pujalte y Conde presten testimonio y que aporten toda la documentación que se les requiera.

Los socialistas consideran que Pujalte y Conde podrían haber vulnerado con sus actividades económicas la prohibición expresa a los diputados para «invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional».

Según admitió él mismo, Martínez Pujalte cobró 75.000 euros en poco más de un año (2008-2009), a través de su despacho de asesoría, de la constructora Grupo Collosa.

QUIEREN QUE SE INVESTIGUE A CONDE

En cuanto a Conde, los socialistas creen que podría haber vulnerado la prohibición expresa de la Ley Electoral de prestar servicios a entidades de crédito o aseguradoras, con su actividad de asesoría al Banco de Santander, que no declaró a la Cámara.

También quieren que se investigue su propiedad y actividad como administrador único de la empresa energética de eficiencia energética Eco Witt.

Al conocerse ambos casos, Jesús Posada aseguró que la comisión examinaría si las actividades de ambos diputados se ajustan al Reglamento y se adoptarían las «disposiciones oportunas».

Posada explicó que, aunque «no hay reglamentación de sanciones» por casos de este tipo, «toda actitud que repercuta negativamente para el Congreso es sancionable».

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