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sábado, 5 de octubre de 2024
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. Imagen: JCCM.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. Imagen: JCCM.
para obtener seguridad jurídica - 05 octubre 2024 - Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado este sábado que el Decreto de Familias de Acogimiento que será una realidad a finales de 2025.

Así lo ha señalado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su participación en la inauguración del ‘X Encuentro Estatal de Familias de Acogida‘, junto a la alcaldesa de Alcazar de San Juan, Rosa Melchor. Un encuentro organizado por Asociación de Familias de Acogida de Castilla-La Mancha (Asofacam), y la Asociación Estatal (Aseaf).


La consejera de Bienestar Social ha puesto en valor que se trata de un encuentro que «se celebra por primera vez en Castilla-La Mancha y en Alcázar de San Juan, una ciudad referente en nuestra región en el desarrollo de los servicios sociales, por ello también me gustaría felicitar y destacar el compromiso político y social de su alcaldesa, Rosa», según ha informado la Junta por nota de prensa.

En este sentido, ha subrayado que «jornadas como estas en las que tenemos la oportunidad de compartir con las familias de acogida de otras comunidades autónomas las diferentes experiencias, son fundamentales».

Asimismo, ha indicado que en Castilla-La Mancha, el número total de menores tutelados en la región es de 1.111; de ellos, 541 menores se encuentran en recursos de atención residencial, mientras que 575 niños, niñas y adolescentes se encuentran en acogimiento familiar con una mayor prevalencia del acogimiento en familia extensa y del acogimiento permanente. Además, «contamos en nuestra región con 434 familias de acogimiento, pero siempre son necesarias muchas más», ha puntualizado la consejera.

Sobre el Decreto de Familias de Acogida, que será realidad en 2025, García Torijano ha indicado que «va a dar la posibilidad de recoger las condiciones, beneficios y derechos de las Familias de Acogida para que tengan la seguridad jurídica necesaria que se merecen; algo que repercute directamente en los niños y niñas».

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