El juzgado de instrucción nº 2 de Alcázar ha citado a las partes implicadas el próximo 12 de enero para analizar el informe del perito judicial en el que se ha detectado una sobrefacturación cercana a 1,4 millones de euros por las obras realizadas durante la gestión socialista.
De tal forma, que la titular del juzgado alcazareño ha citado al PP y a Ciudadanos por Alcázar (CxA), quienes presentaron la querella contra los anteriores gestores socialistas de Aguas de Alcázar.
El exalcalde y expresidente del Consejo de Administración de la empresa de Aguas, José Fernando Sánchez-Bódalo, ha explicado a Efe que la citación es porque el informe se ha hecho con la información que el querellante ha facilitado al perito, quien reconoce que no tienen información suficiente para poder pronunciarse porque falta documentación sobre determinados aspectos de las obras.
Con la presencia de la parte querellante y del propio perito, «la jueza pretende aclarar las dudas y tener en cuenta sus quejas o posibles sugerencias», ha subrayado Sánchez-Bódalo, uno de los cinco imputados junto a otros dos exconcejales del PSOE con responsabilidad en la empresa y dos técnicos municipales.
El actual concejal socialista ha valorado la decisión judicial porque «permitirá investigar algo que para mí es fundamental: que yo ni ninguno de nosotros nos hemos llevado dinero».
«Que sea la propia jueza que instruye el caso la que haga público y deje claro que desde el punto de vista de la honorabilidad y de la apropiación de recursos públicos no ha habido nada de nada», ha añadido Sánchez-Bódalo.
El exregidor alcazareño ha dicho sentirse «encantado y deseoso» de que se investigue su patrimonio y renta y la de su familia para que «desde la independencia del poder judicial» cuanto antes se haga público el resultado «para que nos quedemos tranquilos todos y yo el primero».
Sánchez-Bódalo ha negado que Aguas de Alcázar haya cobrado más al Ayuntamiento por las obras realizadas y ha precisado que en el informe no se demuestra que haya sido así, aunque ha manifestado que, en el caso de que la empresa hubiera obtenido algún beneficio, «éste hubiera revertido en los ciudadanos a través de más actuaciones y no en los accionistas privados».
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Ángel Puente, ha señalado que tanto el Ayuntamiento como Aguas de Alcázar aportarán, como se ha hecho hasta ahora, todos los informes de obras y cuentas, así como datos de «movimientos extraños» detectados en empresas vinculadas al PSOE.