«El Memorandum es la excusa. Es una herramienta muy útil. En Madrid, pero también en Toledo. El Memorandum se ha convertido en una especie de ente maligno, inexpugnable e inescrutable, una especie de infortunio sobrevenido, de imposible derrota. No es cierto. El Memorándum de Entendimiento sobre el Trasvase Tajo-Segura fue acordado en 2013 entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas de Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, cuando el Partido Popular alcanzó la cima del poder nacional y autonómico, con María Dolores de Cospedal a la cabeza de un Gobierno de Castilla-La Mancha absolutamente entregado a los deseos trasvasistas del Levante y Madrid; y con la propia Cospedal a la cabeza, de lugarteniente a su consejera de Fomento, Marta García de la Calzada como encargada de rendir sin condiciones los fuertes hidrológicos regionales.

«El Memorandum fue una decisión política sin rango de ley»

El Momorandum luego fue empotrado por la puerta de atrás en la Ley de Impacto Ambiental, posteriormente en la de Montes; y finalmente recogido en Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. El Memorándum es un simple real decreto, es decir, una decisión que emana del poder ejecutivo (en este caso del Gobierno de España), y con rango de reglamento; y siempre se sitúa en el orden de prelación de las normas jurídicas inmediatamente después de las normas con rango de ley. Estamos, por tanto, ante una decisión política, sin rango de ley, que viene a su vez a puentear el Plan de Cuenca del Tajo, la propia Ley de Aguas e incluso la Ley del Plan Hidrológico Nacional, nunca derogada por Zapatero.

Las plataformas ciudadanas llevamos en la ultima década esta esquizofrénica manera de entender la política de aguas a Bruselas; y al Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado cinco años después. El carcomido laberinto jurídico que a estas alturas -sustentado en un aparataje técnico vergonzoso–, apuntala de mala manera el trasvase Tajo-Segura y con él la nefasta y contra natura gestión del Tajo, no puede servir de parapeto al Gobierno de España ni al de Castilla-La Mancha. Unos por activa, y otro por pasiva. Anteponiendo como primera providencia que la única opción a estas alturas es el cierre del trasvase Tajo-Segura desde su naciente en la propia presa de Bolarque, es inaceptable que en la situación actual, con la cabecera a menos del 25 por 100, con las desaladoras paradas, con agua en la cuenca del Segura, sin demanda de agua de abastecimiento ni de riego… porque sí se autorice un trasvase mensual de 38 hectómetros cúbicos, que equivale a una media mensual de cerca de 15 metros cúbicos por segundo, es decir, casi el triple del caudal que circula por Aranjuez y aproximadamente el mismo que circula por Toledo.

Es urgente modificar por parte del Gobierno de España el Real Decreto 773/2014, en especial los artículos 1 y 4, es decir: por un lado aumentar los caudales que desde la cabecera del Tajo pueden salir hacia el propio río, cercenados y limitados; y por otro lado subir los umbrales de referencia para realizar trasvases, y en especial el Nivel 2, el que permite que con Entrepeñas y Buendía a poco más del 20 por 100 de capacidad, se puedan trasvasar directamente hasta esos 38 hectómetros cúbicos. Porque el trasvase es un hecho excepcional y discrecional, y lo que logró el Memorandum fue simplemente culminar una política de llevar esa excepcionalidad a rango de normalidad.

En definitiva, privatizar un río, el Tajo, con el propio Gobierno de España como mero conseguidor y notario. Y es imprescindible de una vez por toda una ofensiva clara, contundente y rigurosa por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y no solo por el Tajo -dejo el Guadiana para otro lamento–, sino también por el Júcar, por el alto Segura y el Mundo, sus fuentes expoliadas y los pozos de supuesta sequía que lo único que hacen es privatizar de facto el agua y el desarrollo. Porque ya está bien de que Castilla-La Mancha sea la tierra pobre, la expoliada, la inarticulada, mera hidrocolonia al servicio de esa España de primera; siempre usada o dejada de lado, a conveniencia.

El trasvase se ha convertido definitivamente en una herramienta política. El Tajo-Segura ejemplifica como pocos el desequilibrio de las dos Españas a que dio lugar el tardofranquismo, plasmadas en las autonomías resultantes de la Transición. La España de dos velocidades: por un lado, la del Madrid en su ínsula y la periférica; y por otro lado la de los desiertos estratégicos interiores recorridos por autovías urgentes y trenes de alta velocidad para llegar cuanto antes a lugares que nunca son los nuestros. Que el Tajo-Segura siga operativo principiando el año 2019 es, más que un anacronismo, una vergüenza. Que sea una infraestructura avalada, mimada y protegida por los dos grandes partidos políticos que se han turnado en el Gobierno de España en los últimos 35 años, deja a las claras lo muy poco que importamos los ribereños, lo que pesa y pinta Castilla-La Mancha. Pero sobre todo deja sobre la mesa el cadáver de una política territorial tan fallida como suicida de la que sólo ahora algunos parecen haberse dado cuenta».

Miguel Ángel Sánchez es presidente de la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera.