Escribía hace unos días José Ignacio Echániz, secretario nacional del PP en Sanidad y Asuntos Sociales, y a la sazón consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha, en un artículo publicado en un diario nacional, lo que su partido y él consideran un decálogo para la nueva Sanidad. Del decálogo poco se puede decir, salvo que no lo es, pero sí es una retaíla de lugares comunes sin concretar y de cosas ya intentadas poner en marcha, pero frenadas curiosamente por el PP.
Habla Echániz de la necesidad de un Pacto de Estado por la Sanidad, y es curioso que así lo haga, pues fue precisamente el PP el que se negó a ese pacto en la anterior legislatura, después de un largo tiempo de debate en la subcomisión especial que se creó en el Congreso de los Diputados para tal fin. Así, creemos que a lo que se refiere el señor Echániz es a su pacto, a un trágala sin más sumergido en un modelo de recortes y hachazos a las prestaciones socio-sanitarias, unas prestaciones consolidadas durante largos años y ganadas no sin esfuerzo del conjunto de la sociedad española.
Es muy preocupante, pero al mismo tiempo clarificador, saber que al PP no le gusta nuestro actual Estado de Bienestar y así lo pone de manifiesto el señor Echániz en su artículo cuando dice: «Aprovechar esta oportunidad para rediseñar el Estado de Bienestar y hacer el rediseño de las prestaciones socio-sanitarias, incluida la dependencia. Es decir, que no creen, como por cierto ya ha dicho el portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado, en una sanidad pública, universal, equitativa, de calidad y gratuita en el momento de la prestación, ni en unos servicios sociales donde los primeros sean los más desfavorecidos y los más dependientes; esto es unos servicios socio-sanitarios pagados con los impuestos de todos para que los use más quien más lo necesite y pague más quien más tiene. Es decir un sistema igualitario, solidario y justo.
El argumento fundamental para este rediseño es para servir a la contención del gasto sanitario o sea para gastar menos en estas políticas sociales. Ante esto nos surge la pregunta ¿es que gastamos mucho en estas políticas? Pues no y por lo tanto no es ese el motivo, si no más bien la excusa. Y no es que lo digamos nosotros, sino que expertos internacionales y la propia OCDE nos dicen que el gasto social en España es más bajo que la media de los 15 países más desarrollados de la Unión Europea; estamos aproximadamente en un 72 por 100 de la media, y además también es reconocido internacional y nacionalmente que el gasto en sanidad en % del PIB es más bajo que los países de nuestro entorno y con mejores servicios, prestaciones y resultados en salud.
No parece entonces que estemos ante un problema de mucho gasto, sino más bien una cuestión de carácter ideológico y un problema de prioridades. Sin cuestionar el objetivo general del déficit al 5,3 por 100 del PIB para este año, se han dado a conocer recomendaciones de la asociación de economistas de la salud (17 nada menos) de la FADSP -Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública-, y también del PSOE, poniendo encima de la mesa medidas alternativas para conseguir el objetivo de suficiencia financiera, sin disminuir la calidad y las prestaciones, sin copago y sin recortes. Entre otras muchas medidas, y otras más que se conocerán, está el requerir una mayor contribución impositiva de las grandes fortunas (solidaridad social) o que se luche decididamente contra el fraude fiscal (en vez de perdonarlo). Diversos estudios sitúan el fraude fiscal en España entre el 22 y el 23,3 por 100 del PIB, por lo que si se redujera a los niveles en los que está en los países más desarrollados de Europa y Norteamérica (entre el 12 y 13 por 100) supondrían unos ingresos anuales de más de 30.000 millones de euros, más que suficiente para cubrir el déficit anual en la prestación de los servicios socio-sanitarios y cumplir, además, otros importantes objetivos de calidad asistencial.
Pero no, Echániz y el PP nos dice al final de su falso decálogo que la «receta mágica» consiste en «el impulso de la colaboración público privada». Es ahí donde está el meollo de la cuestión, y por lo tanto aquí está el tema, en el negocio ilimitado que supone la sanidad y en el que muchas empresas se han fijado porque les asegura una clientela fija y segura, que siempre va a tener clientes. Es, en pocas palabras, poner en el mercado nuestra salud, y hacer de ella un negocio de compra-venta. Es un nuevo, viejo modelo, que ya en su día puso en solfa y en el mayor de los desprestigios a la Sanidad con mas acreditada fama de Europa, era el modelo Thatcher de gestión, cuestionado y fracasado en la Comunidad Valenciana.
Para completar este objetivo lo adornan con algo que ya empieza a estar manido, como la frase referida a resolver «problemas estructurales endémicos» o la de «evitar gastos superfluos». En Castilla la Mancha no sabemos que quiere decir el señor Echániz con resolver problemas estructurales, pues en un año de gobierno no ha tomado ninguna decisión estructural, limitándose durante este tiempo a echar la culpa de todo al anterior gobierno. Pero de lo que sí tenemos experiencias es de lo que considera como «gastos superfluos, podemos poner algunos ejemplos»:
-32 camas del hospital de Cuenca (ahora los pacientes están de tres en tres), se cierren plantas en los Hospitales de Talavera o Villarobledo.
-El 25 por 100 de la plantilla de médicos en las urgencias del Hospital de Hellín.
-Que vean a tu hijo /a en la consulta de pediatría del hospital de Toledo en menos de un año, o que el especialista en cardiovascular te vea en un año.
-Que a un paciente en urgencias tarden cinco horas en atenderle en el hospital de Guadalajara o que se saturen las urgencias de Toledo o Ciudad Real.
-Que los consultorios médicos en los pequeños municipios atiendan menor número de días.
-O que la prueba del talón en los bebés pasen de ser 17 a tan solo tres, etc, etc.
Por último no dejaremos de comentar que es curioso que en su artículo el señor Echániz apele a que «las administraciones deben contar con la participación de los profesionales» y luego les acuse indirectamente de «presiones de colectivos que defienden sus privilegios e intereses corporativos». En Castilla la Mancha sabemos que se refiere a los profesionales sanitarios porque aquí sí que lo ha dicho, así muy directamente y con algún improperio más, -bonita forma de pedir colaboración- , a los que ha negado el diálogo y a los que no se escucha, lo que ha originado que colectivos, sindicatos, colegios y profesionales de la Sanidad de Castilla-La Mancha hayan pedido a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, su cese inmediato.
(Roberto Sabrido es secretario Regional de Sanidad y Consumo del PSCM y Fernando Mora es portavoz de Sanidad del Grupo Socialistas en las Cortes de CLM).