El Partido Castellano (PCAS) denunciará, en instancias judiciales españolas y europeas, el denominado Pacto del Tajo «en cuanto adquiera rango de ley si se hace en los términos anunciados, cosa que se espera para antes del 31 de diciembre», según avanzan en un comunicado público que encastillalamancha.es reproduce íntegramente.
«Los castellanistas conquenses pensamos que dicho acuerdo (anteriormente secreto y denominado eufemísticamente Memorándum de Entendimiento), torea al Plan Hidrológico del Tajo porque contiene el verdadero plan del río, habiéndose presentado fuera del mismo (a mediados de octubre), y tras éste, para saltarse y descafeinar el período obligatorio de información pública y el derecho de alegaciones al contenido del mismo (que terminó en septiembre), por lo que entendemos es un fraude de ley al ciudadano.
El Partido Castellano (PCAS), conjuntamente con 30 colectivos portugueses y españoles que integran la Red del Tajo/Tejo (y temiéndose lo que ahora se confirma), ya presentó el pasado 1 de octubre una queja a la Defensora del Pueblo en relación con el llamado ‘Memorándum de Entendimiento’ al entender que dicho documento contiene, tal y como ahora se demuestra, la planificación real del Tajo y donde se ocultó la legitimación jurídica de los trasvases entre otros asuntos fundamentales de la planificación del río.
Este Memorándum (ahora llamado Pacto del Tajo y que tendrá rango de ley), y las modificaciones normativas que contiene, se han mantenido en secreto desde abril hasta octubre, haciéndose público a mediados de octubre justo unas semanas después de terminado el plazo de alegaciones (que acabó el 20 de septiembre) al plan del Tajo, con la evidente intencionalidad de laminar el derecho a la información previa y a alegar a su contenido. Por ello, los castellanistas conquenses entendemos que se ha hurtado información relevante al proceso de planificación y participación pública del nuevo Plan Hidrológico del Tajo que afecta al mismo en cuestiones esenciales para las cuatro provincias castellanas afectadas (Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo), como los desembalses, la modificación de las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura, o la modificación de la Ley 52/1980 que regula el régimen económico de dicho canal, y donde se establece que «el carácter de aguas excedentarias se determinará en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo».
Los castellanistas advertimos en la queja que toda esta regulación derivada del Memorándum, y el proceso seguido para aprobarla, se llevó a cabo al margen del proceso de planificación oficial y público del nuevo plan del Tajo, vulnerando de forma consciente, deliberada y flagrante la normativa europea de aguas, medio ambiente y el Convenio de Aarhus. También se señaló entonces que si estos instrumentos normativos, como ahora ha quedado en evidencia, regulan e inciden sobre elementos de la planificación y gestión de la cuenca del Tajo, y se adoptan por cauces paralelos y fuera del procedimiento establecido en la Directiva Marco del Agua (DMA) y resto de directivas aplicables, suponen un fraude de ley.
La queja presentada advierte que, si los órganos del Estado, incluido el poder legislativo, acaban refrendando, y dando contenido normativo a este Memorando y actuaciones derivadas del mismo (como ya se ha anunciado que se hará antes del 31 de diciembre), se producirá por parte de los mismos una flagrante y deliberada infracción de la normativa comunitaria e internacional, la cual ha de prevalecer sobre el derecho español, siendo los titulares de los órganos infractores, así como los beneficiados por dichas infracciones (Levante y Murcia), los que en última instancia sean responsables de las sanciones económicas que en su día puedan imponerse al Reino de España por este incumplimiento, ya que sería injusto que fueran todos los españoles los que tuvieran que sufragar, a través del erario público, las consecuencias del incumplimiento deliberado de la normativa comunitaria.
El Partido Castellano (PCAS) de Cuenca informa que la queja solicitaba la retirada del mencionado Memorándum (hoy Pacto y próximamente ley), por ser un foro ideado por la Comunidad Valenciana, Murcia y el ministerio de Agricultura, sin presencia de Castilla-La Mancha, donde se han tomando decisiones que nos afectan sin que nadie haya podido acceder y defender los intereses de Castilla,así como por ser un instrumento para ningunear el Plan del Tajo, solicitando que se anule su eficacia, no descartando acudir a instancias europeas (donde los chanchullos político-judiciales españoles no tienen cabida), y donde se podrán utilizar como prueba los requerimientos de información pública denegada solicitados por esta formación en el Senado (mayo) y en la Mesa del Congreso de los Diputados al Gobierno (septiembre) a través de Chunta Aragonesista.
Entre las lamentables consecuencias que dicho Memorándum/Pacto/Ley tiene en tierras castellanas, figuran que el agua a trasvasar, el acueducto Tajo-Segura y las normas que lo regulan quedan fuera del control de la Confederación del Tajo por primera vez (su gestión se alojará en el Plan Hidrológico Nacional), algo insólito, único e ilegal, lo que se traduce en que murcianos y valencianos participarán en la gestión del Tajo por primera vez tanto como un castellano, cosa que no sucede en ningún otro río español o europeo (a la espera de lo que ocurra con el Júcar, único plan sin aprobar, para quién ya se ha sentado un precedente).»