El grupo parlamentario del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha ha impulsado la proposición de ley por la que se suprimirá la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, cuyo titular es en estos momentos Miguel Ángel Cabezas de Herrera.
La iniciativa, que fue calificada por la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha en su última reunión, supone el primer paso para la derogación de la ley por la que se creó el órgano fiscalizador, vigente desde 1993.
La supresión de la Sindicatura fue una promesa que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, hizo en el último Debate sobre el Estado de la Región, y se suma a la desaparición en 2011 del Defensor del Pueblo regional y del Consejo Económico y Social (CES).
El PP justifica esta medida en la necesidad de continuar el proceso iniciado de racionalización de la Administración regional, «con criterios de eficiencia y eficacia en el gasto», de acuerdo con las recomendaciones del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas aprobado por Consejo de Ministros de 21 de junio de 2013.
Asimismo, subraya que se garantiza en cualquier caso la función fiscalizadora de los fondos públicos regionales, «que será plena y eficazmente ejercida por el Tribunal de Cuentas».
Cuando se concrete la supresión de la institución, los funcionarios que trabajen en ella se adscribirán a Junta con garantía de sus derechos retributivos y de carrera, mientras que el resto del personal cesará el día en que entre en vigor la ley.
El patrimonio de la Sindicatura pasará a ser de la Junta de Comunidades y la Mesa de las Cortes se hará cargo de los asuntos en trámite para remitirlos al Tribunal de Cuentas.