El PSOE de Albacete ha celebrado una asamblea abierta, en el marco de la iniciativa «Diálogos abiertos con la ciudadanía», en la que se aprobó un conjunto de 20 medidas en los ámbitos social, económico e institucional para mejorar la competitividad y las políticas sociales de la UE y que serán analizadas y debatidas en la Conferencia Política del PSOE.
La iniciativa «Diálogos abiertos con la ciudadanía», impulsada por el PSOE de Albacete, tal y como explicó en la presentación de esta iniciativa el secretario local de esta formación polítcia Modesto Belinchón, constituye «una nueva metodología de trabajo en el ámbito del partido, que nos permitirá llegar, en consecuencia, a nuevas conclusiones, pues se solicita la participación de personas que, independientemente de su ideología tienen una experiencia y trayectoria acreditadas, de representantes de los diferentes colectivos y de los vecinos y vecinas de la ciudad para analizar, debatir y recoger sus aportaciones en torno a cinco bloques temáticos clave para acelerar la recuperación de la crisis económica y asentar los pilares de una sociedad más desarrollada, justa e igualitaria».
Estas áreas temáticas se corresponden con la UE, la creación de empleo y el desarrollo de un nuevo modelo económico, la fiscalidad, la mejora de nuestro sistema democrático y de las instituciones, y el Estado del Bienestar.
La primera de estas asambleas abiertas a la ciudadanía, que acogió la sede de la Casa del Pueblo en Albacete, tenía como punto de partida el análisis del papel de la Unión Europea en el contexto actual de crisis económica y destrucción de empleo y las modificaciones que precisan realizarse en las instituciones de la UE para, por una parte, superar la coyuntura actual y, de otra, garantizar que una crisis del calado y repercusiones como la que padecemos no vuelva a producirse en el futuro.
En respuesta a este planteamiento, de las aportaciones de expertos, representantes de colectivos de la ciudad y ciudadanos que han participado en esta iniciativa, se elaboró un documento que alberga 20 propuestas que, en el ámbito económico, abogan por la armonización fiscal en el seno de la UE, especialmente en los grupos transnacionales con sede o que operan en el ámbito de la Unión; la elaboración de planes anti fraude fiscal, sin barreras ni fronteras entre los países miembros; y la compatibilización entre energías verdes y fósiles, con incentivos fiscales para impulsar las primeras, tales como la supresión del IVA o la aplicación de la modalidad impositiva reducida en su cadena de producción y venta interior en la UE, o compensaciones fiscales a través del impuesto de sociedades por euro invertido al año en energías verdes. Paralelamente, se planteó gravar las energías importadas con objeto de alentar la reconversión hacía energías verdes.
Asimismo, en el apartado económico también se expuso la posibilidad de crear un arancel, equivalente al impuesto de sociedades, para las transacciones financieras que tengan como origen o destino paraísos fiscales; la creación de un «floor social» en los presupuestos de la UE, que garantice un mínimo de inversiones en gasto social que, a su vez, contribuirá a la reactivación económica a través del «empleo blanco»; la aplicación de una nueva progresividad fiscal, reglada a partir de una renta básica de vida; y la implantación de un arancel del 1 por 100 para crear un fondo europeo para el empleo, con cargo a los países con ‘dumpin’ social y laboral.
En este ámbito, también se planteó la exigencia de que las entidades financieras dispongan unas reservas mínimas y que su nivel de endeudamiento tenga restricciones; la creación de una Agencia de Calificación Europea; la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; y una clara apuesta por el desarrollo rural, a través de un mayor esfuerzo para conseguir empleos dignos, incentivar la diversificación económica, el desarrollo de técnicas en agricultura de primor y ecológica, la aplicación de las TICs y el refuerzo de la acción formativa.
En lo que concierne al empleo, entre las conclusiones de este Diálogo figura la necesidad de potenciar la formación y promover la acreditación de la experiencia laboral adquirida por los trabajadores en el desempeño de su trabajo; el mantenimiento de un sistema de orientación que permita la construcción de itinerarios profesionales para mejorar la situación de las personas desempleadas y la relación entre oferta y demanda de empleo
En el área de políticas sociales, se propone la necesidad de impulsar políticas dirigidas a los grupos susceptibles de exclusión social; la conformación de una red eficaz de protección pública y universal que asegure medidas específicas para prevenir la exclusión social; y la elaboración de una Ley de Rentas mínimas de Inserción, configurada como un derecho que garantice una renta suficiente a todos los ciudadanos.
En este apartado, también se apuesta por una mejora del sistema educativo, vinculado de forma más eficaz al sistema productivo; una mayor financiación para el programa de becas Erasmus; y el desarrollo de la Ley de Atención a las personas en situación de Dependencia.