El Tribunal de Cuentas ha recomendado a las cinco diputaciones provinciales mejorar los sistemas de control interno sobre los abonos por retribuciones, asistencias a órganos colegiados e indemnizaciones por razón del servicio de los cargos electos, en función de su régimen de dedicación.
Lo hace basándose en el informe de fiscalización de dichas instituciones efectuado sobre el ejercicio 2017 de las diputaciones de Castilla-La Mancha –al no existir en la región organismo autónomo propio para realizar este estudio–.
Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, así se podrá garantizar que se perciben por los miembros que tienen derecho a cada uno de los conceptos, así como realizar las actuaciones necesarias para exigir el reintegro de las cantidades abonadas indebidamente.
Utilidad para la gestión y facilidad para la evaluación
Deberían igualmente mejorarse, según el Tribunal, los sistemas de información al objeto de poder efectuar la adecuada imputación de costes y rendimientos, desglosados por actividades, por parte de las diputaciones y sus organismos dependientes.
De esta forma, además de su utilidad para la gestión, permitan la realización de evaluaciones sobre el grado de cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia.
Ve necesario, además, que las diputaciones desarrollen los criterios de asignación de los incentivos al rendimiento destinados a su personal.
Particularmente, deberían establecerse sistemas basados en elementos objetivos para la evaluación del desempeño, a los efectos de la retribución por productividad o conceptos equivalentes.
También deberían mejorar sus instrumentos de planificación en materia de personal, identificando claramente las diferentes clases de empleados públicos al servicio de cada diputación u organismo autónomo.
Además deberían establecer los mecanismos necesarios para garantizar la publicidad y concurrencia en los procesos de selección de personal y evitar la excesiva prolongación en el tiempo de tales procesos.
Cargos electos
Sobre la relación de cargos electos, reconoce el tribunal que las diputaciones se adecuaban a la composición establecida legalmente, y el número de los cargos electos con dedicación exclusiva cumplía el límite legalmente establecido.
Pese a ello, se observa que en Guadalajara, tras acuerdo plenario, existía la posibilidad de designar a algún diputado en régimen de dedicación exclusiva con cargo a las asignaciones retributivas de los puestos reservados a personal eventual.
Esto excede de la habilitación legal al pleno para determinar el número y régimen de dicho personal.
En cuanto a las retribuciones, si apunta que tres vicepresidentes de la Diputación de Ciudad Real con dedicación exclusiva percibieron cantidades, de reducida cuantía.
Eran debidas a asistencias a los órganos colegiados, conceptos que únicamente pueden recibir los diputados sin dedicación exclusiva ni parcial.
En este apartado, recalca el estudio que en la Diputación de Toledo era suficiente la asistencia a una sola de las sesiones mensuales para la percepción de la totalidad de la cuantía mensual asignada.
Esto no respondía al requisito legal de que las asistencias se abonasen por la asistencia efectiva a las reuniones del correspondiente órgano colegiado.
En la Diputación de Albacete se abonaba a todos los diputados un complemento relacionado con los gastos derivados de sus funciones representativas, por un importe fijo mensual y sin necesidad de justificación de su destino.
Mientras que la de Cuenca pagaba a diputados sin dedicación exclusiva ni parcial una cuantía fija mensual, sin necesidad de justificar el empleo de los fondos.
En total, casi 90.000 euros pagados a 17 diputados sin dedicación exclusiva de manera indebida.
La Diputación de Toledo, la que más empleo ofertó
De las siete diputaciones analizadas –este informe también afecta a las dos de Extremadura– la que mayor oferta de empleo público lanzó fue la de Toledo con una cuantía inicial de dieciocho plazas, que fue ampliada posteriormente, en virtud del Pacto en materia de estabilización de empleo temporal, en otras 133.
La distribución de empleados entre personal funcionario y laboral presentaba una elevada heterogeneidad.
La mayor proporción de funcionarios la tiene la Diputación Provincial de Ciudad Real, superior al 90%, y la más reducida en la de Toledo, que disponía de más de un 40% de personal laboral.
De otro lado, de las diputaciones fiscalizadas las de Ciudad Real y Cuenca eran las que presentaban una mayor proporción de mujeres miembros del Pleno, con un 37% y un 32%, respectivamente.
Todas las diputaciones fiscalizadas habían adoptado medidas de conciliación laboral y familiar para su personal.