El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha ha declarado nulo el reglamento general de aplicación de la ley de caza de la región por la ausencia del informe preceptivo del Consejo Regional de Caza.
«Relevancia necesaria»
La sentencia del TSJCM, fechada el 2 de diciembre de 2024, declara nulo el reglamento y en sus fundamentos jurídicos señala que el informe del Consejo Regional de Caza era preceptivo, aunque no vinculante, y argumenta que su ausencia sí tiene la «relevancia necesaria» para determinar la nulidad de la disposición general aprobada por «entrañar una inobservancia trascendente para el cumplimiento de la finalidad a la que tiende su exigencia».
Asimismo, la sentencia del TSJCM añade que atendiendo a la composición legal del Consejo Regional de Caza, en el que están representados organismos, instituciones y grupos interesados o afectados por la actividad cinegética, «es indudable la trascendencia de la aprobación del reglamento de la propia Ley de Caza».
«De hecho, no se alcanza a vislumbrar, más allá de la propia ley que desarrolla, una disposición general de mayor calado que el Reglamento, de aquí la exigencia y trascendencia del informe con el que cumplir su función consultiva que se ha omitido», ha recogido la sentencia, que ha continuado que «se ha soslayado la finalidad consultiva y el cumplimiento de las funciones legalmente encomendadas al Consejo Regional de Caza respecto a un disposición general de afectación directa».
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Ecologistas: «Procedimientos ilegales y antidemocráticos»
A raíz de esta sentencia, Ecologistas en Acción, que interpuso el recurso contencioso administrativo que ha dado lugar a la anulación del decreto, ha denunciado en una nota de prensa «los procedimientos ilegales y antidemocráticos que de un tiempo a esta parte está poniendo en práctica el Gobierno regional en la aprobación de normas que afectan al medio ambiente y a la ciudadanía en general».
El representante de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Hernández, ha sostenido asimismo que el Gobierno regional «lo que ha pretendido con el Reglamento de Caza es beneficiar al lobby cinegético, ocultando al público sustanciales cambios que negoció a escondidas y que han dado lugar a un incremento muy significativo de los impactos de la caza en el medio ambiente de Castilla-La Mancha».
Así, ha señalado que entre las modificaciones que a posteriori se introdujeron en el Reglamento de Caza, se argumentaban en la demanda «algunos como el mal estado de las poblaciones de la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz o la becada, lo que debía haber llevado a excluirlas del listado de especies de caza».
Se recurrió también «el intento de facilitar la práctica encubierta de la caza en el Parque nacional de Cabañeros, permitiendo a cazadores realizar controles de población».
Con todo, Ecologistas en Acción ha solicitado que «no se hagan oídos sordos a las críticas y a las alegaciones que se presentan» y ha considerado que si estas fueran atendidas, «mejorarían sustancialmente las normativas que se aprueban reduciendo los conflictos judiciales».