Nueve colegios de abogados del país, entre ellos el de Toledo, acogen hoy y mañana encierros de letrados para protestar contra el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, por considerar que dificultará el acceso de los ciudadanos a la justicia.
Los colegios de abogados de Madrid, Barcelona, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Alcalá de Henares, Cartagena, Granada y La Rioja acogerán jornadas de protesta auspiciadas por catorce asociaciones de letrados.
Este mediodía ha comenzado el encierro, que se prolongará todo el día, en el colegio de abogados de Madrid, donde se ha desplegado una pancarta con el lema «Sin Justicia no hay derechos».
En una rueda de prensa, Antonio Agúndez, de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), ha denunciado que el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita es «contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia», lo que, en su opinión, es «grave, perjudicial y peligroso».
La jornada promoverá la reflexión sobre el proyecto de ley para dar a conocer la reforma del modelo del turno de oficio y supondrá una petición de «ayuda y socorro a la ciudadanía» en defensa de sus derechos fundamentales, ha indicado Agúndez.
Teodoro Mota, de la Asociación Libre de Abogados (Ala), ha estimado que la reforma de la justicia gratuita, que está en tramitación parlamentaria, es «un paso más para dejar sin contenido la Constitución y los derechos y libertades de los ciudadanos».
Mota ha planteado «una enmienda a la totalidad» del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que deja sin derecho a la defensa a las capas menos favorecidas.
La presidenta de la Asociación de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM), Virginia Parra, ha señalado que los extranjeros, con los rechazos de fronteras, el drama de las vallas, los problemas de los centros de internamiento o la trata de mujeres, tienen una necesidad urgente de justicia gratuita.
Parra ha exigido una ley de asistencia jurídica gratuita que garantice el derecho de defensa de los extranjeros y que no obstaculice su acceso a la jurisdicción como ocurre con el proyecto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Javier Ospina, de la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, ha manifestado que la reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los más desfavorecidos, perjudica al ciudadano y no atiende las necesidades de un Estado de un Derecho que debe garantizar el acceso a la Justicia de todos los colectivos.
Para Ospina, la ley de asistencia jurídica gratuita no permite dar un servicio digno a los abogados de oficio y crea desigualdades.